En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había una red de corrupción trasnacional que se dio a conocer por una investigación de Estados Unidos. Sí, al parecer, en México se necesita que el país vecino inicie pesquisas contra empresas que ofrecen sobornos millonarios para que aquí nos enteremos. Los negocios hechos por debajo del agua se hicieron entre 1997 y 2003, pero el caso fue develado por el Departamento de Justicia estadounidense hasta 2010. Fue entonces cuando les dio por interponer denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contras las empresas involucradas e investigar a los funcionarios mexicanos que recibieron el soborno.

El asunto fue más o menos así: en aquellos años, la empresa suiza ABB pagó un soborno de 1,9 millones de dólares para obtener contratos con un valor superior a los 81 millones de dólares, sin duda, un buen negocio. El sobornado fue Néstor Félix Moreno, en ese entonces director de operaciones de la CFE, las indagatorias también implicaron a su antecesor, Arturo Hernández Álvarez. En la investigación que realiza Estados Unidos, ambos funcionarios son señalados como parte de la red de sobornos.

¿Después qué pasó? El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en septiembre de 2010 que ABB inc. reconoció que una de sus filiales en Sugar Land, Texas, pagó los 1,9 mdd en sobornos a funcionarios de la CFE. En una corte federal de Houston, una juez impuso una sentencia que incluyó una multa de 17,1 millones de dólares contra ABB Inc. Estados Unidos también pidió a México información de los archivos personales de los funcionarios implicados y contratos -entre otra documentación- efectuados durante el tiempo que estuvieron en la paraestatal.

Cuando la CFE se enteró del asunto —por la investigación estadounidense—, pidió a la firma ABB Inc. que identificara a los servidores públicos mexicanos involucrados en los actos de corrupción. Y ya de paso interpuso una demanda penal en contra de la empresa. La paraestatal mexicana ganó la demanda y la firma suiza tuvo que pagar 3.2 millones de dólares a CFE por concepto de daños y perjuicios —hasta ahí, entre sobornos y multas ABB Inc. pagó 22,2 mdd, o sea que de la ganancia de 81 mdd todavía le quedaron 58,8 mdd, moraleja: sobornar sí deja, con todo y pagos derivados—.

Hasta ahí, todo bien. La empresa pagó sus multas en Estados Unidos y México, y todavía le quedó un poco —supongo que una parte se destinó a gastos de operación de los contratos y hasta ganancia tuvieron—. Pero ¿y los funcionarios sobornados, apá? El fin de semana pasado, Néstor Félix Moreno fue detenido en Sonora y lo trasladaron a la Ciudad de México para ingresarlo al Reclusorio Oriente, con ello, se cumplía la orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

Dicen que el delito que se le imputa no es grave —no, pues cómo va a ser grave hacerse rico con sobornos, usando su puesto en una paraestatal— y que por eso pudiere alanzar libertad bajo fianza. Pero como el tipo ya tiene historial en eso de “evadir la acción de la justicia” -en 2011 un brillante juez le concedió la libertad bajo caución y se les peló-, el Ministerio Público de la Federación pidió al juzgado negarle ese derecho.

¿Y el otro? Esa es la pregunta. Por eso sigue abierto el caso de fraude en CFE. Hasta el momento, la PGR no ha revelado la situación jurídica de Arturo Hernández Álvarez, si sigue en calidad de indiciado o qué de qué, y sólo ha actuado penalmente contra Moreno Díaz.

En la versión oficial, la investigación en el Ministerio Público de la Federación inició en 2009. Yo no les creería tanto, ¿por qué iban a investigar un caso, cuya denuncia se presentó hasta que el caso fue develado por el Departamento de Justicia estadounidense en 2010? Incluso por esas fechas, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) aseguró que era lamentable que sólo a través de una investigación en Estados Unidos, se pudiera percatar el gobierno de México que hay líos entre sus funcionarios -y seguro piensan que no hay gente preguntona que le da por revisar el caso desde que se dio a conocer-.

Otro detalle curioso que ha pasado por alto es que ABB Inc -a través de ABB México y ABB LTD-, tenía contratos no sólo con CFE y Luz y Fuerza del Centro, en realidad tenía más de 600 contratos en todo el gobierno federal, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia. Con Pemex Refinación tenía 90 contratos; con Pemex, Exploración y Producción, 37; con Pemex Gas y Petroquímica Básica, 27; con la Secretaría de Economía firmó 15 permisos; con Pemex Petroquímica, 13 contratos; con el Instituto de Investigaciones Eléctricas, 11 contratos, entre otros. ¿A poco nada más sobornaron a los de la CFE? Sí, sí, ya sé, la negra es la de la mente cochambrosa.

Imagen: Manuel Ajenjo

Para alguien como yo, 25 millones de pesos es muchísimo dinero. Tal vez para el gobierno de Veracruz no es tanto, pero es suficiente como para insistirle a la Procuraduría General de la República (PGR) que se los devuelva. A finales de enero, la Policía Federal incautó 25 millones de pesos en efectivo a dos empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en el aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México. El incidente no pasó por alto -como los millones-. El gobierno de Javier Duarte advirtió que el traslado del dinero en efectivo fue una operación lícita y que su origen era el erario, y explicó que el destino de los recursos era pagar servicios de promoción turística del estado. Sus argumentos de nada valieron, la PGR igual le confiscó sus billetitos.

El problema es que todo estaba demasiado turbio, no sólo por la extraña decisión de transportar 25 millones cash, además, el oficio que autorizaba el transporte de los recursos carecía de sellos oficiales, el asunto de la factura era cuestionable y las voces se alzaron para acusar a Javier Duarte de financiar la campaña de Enrique Peña. Con tantos elementos en contra, se inició la investigación para saber de dónde habían salido esos millones.

De acuerdo con los expertos, los recursos tenían un origen licito y comprobaron que las dos personas que trasladaban los recursos eran empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación, lo cual quedó asentado en el dictamen oficial, fechado el 29 de febrero, suscrito por Fabián Martínez Romero, Yanira Ivette Valle Robledo y Jorge Moreno Montealegre, peritos adscritos al departamento de Asuntos Fiscales de la Dirección Ejecutiva de Especialidades Documentales de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR.

A pesar del palomeo de los peritos, no les han regresado el dinero, razón por la cual Antonio Lezama Moo, subprocurador de Justicia del estado de Veracruz, dijo que la dependencia que encabeza Marisela Morales debe declararse “incompetente”, debido a que hasta ahora no se ha emitido un fallo en torno del asunto. Dijo, además, que la administración duartista sí ha acreditado cada una de las indagatorias y requerimientos que la PGR ha solicitado, y que se oponen al abandono de los recursos.

Yo también me opondría, son 25 millones que bien podrían servir para algo útil e importante en el estado -como financiar la campaña de Enrique Peña-. Y así como el misterioso traslado de 25 millones en efectivo se presta a suspicacias, también lo hace la negativa de la PGR para devolverlo. ¿Será acaso que ya no existen esos billetes? ¿Será que pensaron que nadie sería tan estúpido como para reclamar algo confiscado en semejantes circunstancias? ¿Será que andan “jineteando” el cash? Será el sereno, pero es claro que el gobierno de Veracruz no piensa quitar el dedo del renglón y está decidido a seguir pidiendo los 25 millones. Sería interesante que se les devolvieran y que los rastrearan, nada más para ver en dónde terminan los billetitos.

Dijeran por ahí “no tienen llenadera”. El crimen organizado se ha diversificado. Del negocio del narcotráfico, ha pasado a los secuestros y extorsiones, a la trata de personas, a la de armas, a la piratería y no recuerdo cuantos otros; y de acuerdo a lo informado por la Procuraduría General de la República (PGR), incursiona también en la fabricación de medicamentos apócrifos y su distribución en el país.

De acuerdo a la PGR, en 2011 desmantelaron 10 laboratorios clandestinos en los que se han encontrado supuestos antibióticos, antigripales, los conocidos como “naturistas” o remedios “milagro”, muchos de ellos envasados en cajas de presentación con el nombre de genéricos. Además de la distribución de supuestos “medicamentos” que entran de contrabando al país desde Asía, Europa y Estados Unidos.

En el mejor de los casos, por así decirlo, el supuesto “medicamento” resulta ser un placebo, es decir, la persona que lo toma cree que está tomando lo necesario para curarse cuando en realidad está tomando una sustancia inocua. Pero aún así, aparte del engaño, representa un riesgo para la salud si tomamos en cuenta que en muchos padecimientos el que el enfermo tome o no el medicamento correcto significa la diferencia entra la vida y la muerte o el generarle fatales consecuencias. Como lo señala Excelsior en su artículo: “En el territorio mexicano el contrabando de medicinas, la venta de medicamentos apócrifos y caducos se ha convertido en un problema de salud pública al haber provocado el fallecimiento de por lo menos cinco personas que adquirieron en negocios establecidos y en tianguis, fármacos a precios bajos, por lo que la dependencia federal a iniciado diversas averiguaciones previas” (sic.).

La investigación contra los responsables, señala la PGR, aún no concluye. Mientras tanto, una vez más les sugiero, cuidado con los productos, las condiciones y los lugares en que se adquieren los medicamentos, con esto puedes reducir cierto riesgo de ser presa de esta situación.

Por otro lado, no dejo de pensar en la constante diversificación de negocios y canales de distribución del crimen organizado. Con tanta “capacidad de emprendimiento” cómo no prefirieron dedicarse a negocios legales ¡caray!

Foto: Olga Díez

Parece que Coahuila era el paraíso de los Zetas o, por lo menos, es la entidad que ha dado más notas en este sentido. Es un secreto a voces que para que las asociaciones criminales puedan salir impunes necesitan gente interna, es decir, cómplices con puestos de poder en los diferentes niveles de gobierno, que facilitan sus actividades ilícitas. La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), le cayó a funcionarios y ex funcionarios federales y estatales que colaboraban con la agrupación criminal.

Esto es como el efecto dominó, tiras uno y le siguen un montón. Hace un año, fueron detenidos y puestos a disposición de la SIEDO dos probables colaboradores de “Los Zetas”, ahí empezaron a soltar la sopa. Cinco meses después capturaron a otros que también pusieron su granito de arena. Lo mismo pasó en noviembre. Lo que hacía falta era vincular los apodos que figuraban en las “nóminas” con los nombres reales. Hace dos meses, la declaración de un mando de la agrupación delictiva permitió identificar cada uno de los alias que se encontraban en dichas “nóminas”.

Resultado de la investigación, se realizaron once cateos domiciliarios (9 en Saltillo y 2 en Monterrey) e identificaron a funcionarios y ex servidores públicos: cuatro de ellos fueron aprehendidos y actualmente enfrentan los correspondientes procesos penales; otros cuatro se encuentran arraigados; y tres más, son considerados prófugos de la justicia.

Si se quieren ganar una lanita extra, digamos tres millones de pesos, tienen que proveer datos útiles que permitan la localización y detención de los prófugos:

• Jorge Luis Valbuena Flores, alias “Valvuena” o “Balbuena”, Policía Federal (División Regional de Caminos), su “trabajo” consistía en avisar de los operativos y era el encargado de “limpiar la carretera” cuando se pasaba droga, armas o dinero, también colocaba en puntos específicos de Saltillo los filtros de revisión. “Sueldo en zeta-nómina”: 70 mil pesos mensuales.

• Enrique González Nava, alias “Yaqui”, Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigación en Coahuila. Se podría decir que era algo así como el “tesorero”, pues se encargaba de repartir la “zeta-nómina” entre el personal a su cargo para que dejaran trabajar a los “patrones”. “Sueldo en la zeta-nómina”: 600 mil pesos mensuales.

• Humberto Torres Charles, alias “Glenda” -¿será que todos lo querían tanto? Referencia cortazariana irresistible, ustedes disculpen-, era el encargado de mantener el control al interior de la Fiscalía General del Estado, para desviar el curso de las investigaciones que relacionaban a sus “patrones”. Laboró en la Secretaría de Salud de Coahuila. ¿Por qué él se dedicaba a eso? Porque era nada más ni nada menos que el hermano de Jesús Torres Charles, ex fiscal coahuilense. “Sueldo en la zeta-nómina”: 300 mil pesos mensuales.

Ahora que si quieren conocer a los detenidos, también tenemos las “fichas curriculares” de estos “nobles trabajadores”:

• Claudia González López -no sé por qué no tiene “alias”, qué manera de discriminar-, ex subdelegada de la PGR en el estado. Ayudaba cuando algún miembro de los “patrones” era detenido, buscaba adecuar los hechos de manera que las imputaciones no fueran por delitos graves. “Sueldo en la zeta-nómina”: 100 mil pesos mensuales.

• Sergio Tobías Salas, alias “Tobogán”, ex subdirector regional de la Fiscalía General de Coahuila. Encargado de la organización de operativos en Piedras Negras, Ciudad Acuña, Monclova, Torreón y Saltillo, para transportar drogas y realizar operaciones de contrabando, secuestros y homicidios. “Sueldo en zeta-nómina”: entre 100 mil y 150 mil pesos mensuales.

• Julio César Ruiz Esquivel, alias “Chicho”, agente de la Policía Ministerial en Coahuila, adscrito al palacio de gobierno de Saltillo. Su “tarea” era pasar información de los movimientos que había dentro de la policía estatal. “Sueldo en la zeta-nómina”: entre 30 mil y 50 mil pesos mensuales.

• Manuel Jesús Cicero Salazar, alias “Viejo Loco”, ex director de Seguridad Pública en Ramos Arizpe. Informaba a los “patrones” los lugares en los que se realizarían operativos, para que pudieran evadirlos; también retiraba retenes en los lugares por los que circulaban “sus compañeros de trabajo” para que transitaran sin problemas y revisaba los vehículos de integrantes de grupos contrarios. “Sueldo en la zeta-nómina”: 500 mil pesos mensuales.

Ya lo dice la Ley de Zymurgy: Cuando se abre una lata de gusanos, la única forma de volverlos a enlatar es utilizar una lata más grande. La PGR abrió la lata: en su momento advirtió que mil 790 servidores públicos estuvieron involucrados en irregularidades administrativas o penales durante 2011. Después SIEDO detuvo a más ex funcionarios de Coahuila vinculados con “la última letra” hace menos de un mes, ahora esto. En ese entonces dije que cuando viera rodar cabezas de altos funcionarios aplaudiría. Mi entusiasmo no llega a tanto, pero debo reconocer que las cosas se están poniendo interesantes, habrá que estar al pendiente saca la bolsa de palomitas.

Imagen: NOTIMEX

No que no tronabas, pistolita. Bien dicen que querer es poder y si no habían detenido a funcionarios en contubernio con el crimen organizado, es porque no habían querido. Tal vez se les fue el padrino o ya necesitaban hacer rodar cabezas para ganarse unos gramitos de credibilidad, el caso es que después de arrestar a Claudia González López, subdelegada de la Procuraduría General de la República (PGR) en Saltillo, Coahuila, junto con Sergio Tobías, coordinador de la Unidad Especializada de Investigación y Seguridad Inmediata, por presunto vínculo y protección a Los Zetas, se siguieron con el coronel Manuel Jesús Cícero Salazar, ex subsecretario de seguridad pública en Quintana Roo, también por presuntos vínculos con Los Zetas.

Lo que se antojaba como una limpia entre la carne de cañon, ya está escalando a los lugares donde está el poder y que, finalmente, son los que permiten y promueven -cuando no obligan- a que se cuadren y se hagan de la vista gorda, porque son órdenes de arriba.

La detención corrió a cargo de los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Autoridades federales informaron que Cícero Salazar fue detenido en Chetumal, Quintana Roo, y fue trasladado a la Ciudad de México, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

Fuentes de la Policía Federal indicaron que la detención del militar esta relacionada con la aprehensión de Claudia González López, y como parte de la Operación Limpieza que realiza la dependencia federal. Y es que habían postergado tanto esta limpieza que es natural que empiece a salir mugre hasta por las orejas.

Por si usted no sabe quién es el angelito recién capturado, aquí va una reseña breve: fue director de Seguridad Pública Municipal en Ramos Arizpe, Coahuila; en 2010 lo nombraron director general de la Policía Operativa de ese estado -el mismo en que era funcionaria la ahora detenida Claudia González-. En abril de 2011 fue designado subsecretario de Seguridad Pública en la Zona Norte de Quintana Roo, pero lo relevaron del cargo en diciembre por un pequeñísimo incidente.

El pequeñísimo incidente fue que chocó en completo estado de ebriedad contra un autobús de transporte de personal. No conforme con estrellarse contra él, la escolta del funcionario -elementos de la Policía Estatal Preventiva- golpeó al chofer del autobús. Al lugar del incidente llegó un elemento de Tránsito al que también golpearon, después llegaron elementos de la Policía Municipal y ¿adivinan?, obvio, también los golpearon. Tuvieron que intervenir la Marina y el Ejército para detener el despliegue de golpes y abuso de autoridad. El angelito protagonizó todo en la compañía de una bailarina exótica.

Ojalá que la Operación Limpieza siga cortando la cabeza de personas de semejante calaña y realmente los procesen y los metan a la cárcel… aunque ahora que lo pienso, creo que luego se la pasan mejor ahí, ay, nuestro sistema carcelario.

Los índices de violencia en las escuelas de Ciudad Juárez, Chihuahua, han reflejado un aumento como consecuencia del entorno social y de inseguridad que ha venido padeciendo esta población desde hace tiempo. Es por esto que como parte del “Proyecto Ciudad Posible, Sí: Cultura de la Justicia y la Mediación”  la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la implementación del programa “Escuela, Mediación y Justicia: Resolución Creativa de Conflictos” para contrarrestar dicho fenómeno.

Ya hace unos días hablábamos aquí del impacto que el ambiente de violencia e inseguridad estaba teniendo en la salud de los niños y entre ellos se mencionaba los problemas de conducta. En esta ocasión, la violencia manifestada en las escuelas, reflejada mediante el acoso, maltratos, insultos, riñas y agresiones entre estudiantes o hacia los maestros es el daño a solucionar derivado del problema de inseguridad.

Por lo tanto este mes se pondrá en marcha el programa que pretende desarrollar en los alumnos habilidades para tomar conciencia de que los problemas se pueden solucionar sin que se reproduzcan patrones de conducta violenta, señaló el vocero de la delegación de la PGR en la entidad, José Ángel Torres Valadez. Para esto serán capacitados 60 docentes de secundaria donde se pretende darles las herramientas para que logren encaminar a los alumnos en la solución pacífica de conflictos.

Aunque podemos ver esto aún lejano pues se da en una ciudad fuertemente azotada por los problemas de inseguridad, deberíamos verlo como una advertencia y anticiparnos en el resto de localidades para desde ya, tanto maestros como padres, motivar en los jóvenes conductas más saludables, que les eviten la posibilidad de vivir un acto de violencia y no dormirnos en nuestros laureles, pues siempre será mejor la prevención que la reparación de los daños.

“El buen juez por su casa empieza”, al parecer, la Procuraduría General de la República (PGR) ha empezado a aplicar esta frase de la sabiduría popular. Los casos de impunidad y corrupción en nuestro país han motivado la indignación pública en más de una ocasión, “hacer una purga” de los funcionarios corruptos es una medida urgente, pero hacerlo requiere más que buenas intenciones. En este sentido, en el foro “Coloquio contra la corrupción”, César Alejandro Chávez Flores, visitador de la PGR, dio a conocer que mil 790 servidores públicos estuvieron involucrados en irregularidades administrativas o penales durante 2011.

De acuerdo con el funcionario, la información institucional está vulnerada, las funciones son indebidamente ejecutadas por el personal y permea una deficiente investigación del delito. Además, hay gran cantidad de órdenes de aprehensión no ejercitadas, no se puede asegurar la regularidad en el comportamiento de los servidores públicos, hay una inadecuada administración de recursos humanos y falta confianza en la institución por parte de los ciudadanos —me pregunto por qué—

Con respecto a los mil 790 casos de servidores públicos involucrados en irregularidades, se advierte que mil 352 eran agentes del Ministerio Público, 120 mandos —delegados, subdelegados y fiscales especiales—, 237 agentes de la AFI o peritos, 13 mandos medios, 11 empleados administrativos; en 51 casos los cargos no fueron identificados. En esta especie de “purga”, también se separaron del cargo a 788 servidores por no acreditar exámenes de confianza, entre MP´s, agentes ministeriales y peritos.

En su oportunidad, Max Kaiser, coordinador de asesores de la Secretaria de la Función Pública, dio a conocer que durante el sexenio de Felipe Calderón, han sido registrados por esta dependencia 9 mil 560 casos de corrupción. Se han impuesto sanciones administrativas y penales a 7 mil 560 funcionarios y 2 mil han sido denunciados por la vía penal.

Al evento acudió Miguel Ontiveros, subprocurador de Derechos Humanos, en representación de Marisela Morales, titular de la PGR —seguro no fue porque estaba ocupada contando los 25 millones cash de Veracruz—, quien destacó los resultados de la Visitaduría General, pues se giraron orden de aprehensión contra 157 servidores o ex servidores públicos, de los cuales, 109 se encuentran sujetos a proceso penal, los motivos de detención han sido por delitos contra la administración de la justicia, cohecho, abuso de autoridad, extorsión, ya saben esas cosas que casi ni se dan en esta dependencia.

Seguro después del evento, todos aplaudieron, se abrazaron, se felicitaron por el excelente trabajo que han hecho y uno desde fuera se queda con esa sensación de que algo no cuaja. No pongo en tela de juicio sus cifras, lo que me salta es que la mayoría han sido “carne de cañón”, es decir, el nivel más bajo de la “pirámide de corrupción” —por ponerle un nombre—, procesan a los agentes, pero ¿ellos qué? Ellos siguen ordenes, ¿a poco se mandan solitos? Siempre hay alguien más arriba. El asunto realmente podrido del sistema está en las cúpulas de poder y no veo que estén procesando a alguien de peso ¿o sí?

A decir del investigador Guillermo Zepeda, la impunidad del homicidio en México es alta, 70 por ciento de los casos no se castigan. Además, advierte que en nuestro país, cada día 95 mil presuntos inocentes viven en las cárceles como presuntos culpables.

Otro especialista, Miguel Carbonell, advierte que la llamada ‘cifra negra’ —compuesta por los delitos efectivamente cometidos que no llegan al conocimiento de la autoridad— alcanza al 75 por ciento del total de delitos cometidos en México. Es decir, 3 de 4 delitos no se denuncian —y es que luego denunciar se convierte en un calvario para los denunciantes, tenemos casos como el de Valentina Rosendo o Marisela Escobedo que avalan esta postura—. Del 25 por ciento que sí son denunciados solamente se concluye la investigación ministerial en el 4.55 por ciento, pero se pone a alguna persona a disposición de los jueces solamente en el 1.6 por ciento del total de delitos cometidos. Esto implica que de cada 100 delitos solamente 1.6 llega ante el conocimiento de un juez; las condenas judiciales alcanzan una cifra del 1.06 por ciento. Sí, la impunidad alcanza una horrorosa cifra de 99 por ciento.

La mayoría de las muertes por narcotráfico no se investigan, ni las relacionadas con periodistas, ni los feminicidios, ni… Digo, me da gusto que la PGR haya iniciado esta “purga”, pero me dará más gusto ver que cuando empiecen a rodar las cabezas de “los intocables”, cuando el dinero y el poder no sean razón para salir bien librados. Entonces sí, hasta aplaudiría. Antes no.

Imagen: Esmas

¿Recuerdan cuando Ernesto Zedillo le respondió a una vendedora de artesanías “No tengo cash”? Pues parece que el gobierno veracruzano aprendió bien la lección de cargar cash. El viernes pasado, Policías Federales detuvieron a Miguel Morales Robles, colaborador del gobierno de Veracruz, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, quien aterrizó en la terminal aérea procedente de Xalapa, y llevaba en una maleta y en una mochila de viajero 25 millones de pesos en efectivo. Cuando Saíd Sandoval Zepeda, personal del equipo de seguridad del gobernador Javier Duarte, se presentó en las instalaciones de la autoridad competente para pedir que se le entregara el dinero y a su compañero, también fue detenido.

¿Quién en su sano juicio transporta esa cantidad de dinero o va a interceder por el que lo hizo? Pero en este país todo es posible. Así que argumentaron que el dinero era para pagar a una empresa con sede en el DF, la cual participará en la Feria de la Candelaria, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín. Además, presentaron documentos que “amparaban” el transporte de recursos, los cuales, por cierto, carecían de sellos oficiales. Ambos ya fueron liberados.

Tras la detención, vinieron las declaraciones oficiales de Tomás Ruiz González, secretario de finanzas de Veracruz, quien afirmó que el traslado del dinero en efectivo fue una operación lícita y que su origen es el erario. Corroboró la versión de los trabajadores detenidos, explicando que el destino de los recursos era pagar servicios de promoción turística del estado a Industria 3. Dichos servicios son la contratación de artistas, el montaje de escenarios y producción de materiales para promocionar los próximos tres eventos a realizarse en Veracruz. El dinero se distribuiría así: dos millones para la Candelaria, 15 millones para el Carnaval y ocho para Cumbre Tajín. La justificación: les “ganaron las prisas”.

Como si el hecho no fuera por sí solo elemento suficiente para levantar sospechas, Vicente Benítez González, renunció como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz —“más vale decir `aquí corrió, que aquí murió´”—, aunque Tomás Ruiz informó que fue “para facilitar la investigación”. El asunto de la factura también es cuestionable. Y si el pretexto fue que “tenían prisa”, ¿no hubiera sido más rápido, efectivo y seguro una transferencia electrónica? Digo, te ahorras el viaje y el riesgo de que alguien te vea con 25 mdp cash y te los confisque.

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga la procedencia del dinero y solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que verifiquen el origen de numerario para saber de dónde salieron los billetes. La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefinplan) solicitó a la PGR la devolución de los 25 mdp. La petición formal no extraña, si se supone que mandaron a los “chamacos” a pagar así por las prisas, seguro a estas alturas de la semana se están mordiendo las uñas, después de todo la Candelaria es en dos días.

Como todo esto se ha prestado a tanto “sospechosismo”, las teorías “alternativas” ya están sonando fuerte:

• Juan Molinar Horcasitas, secretario de Acción de Gobierno del PAN, dijo que era inverosímil la versión oficial.
• Juan Bueno Torio, senador del PAN, acusó a Javier Duarte de financiar la campaña de Enrique Peña, precandidato del PRI a la presidencia, con recursos públicos.
• Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, afirmó que el dinero retenido era para la campaña de Enrique Peña.
• Andres Manuel López Obrador, precandidato del PRD a la presidencia, expresó que Javier Duarte debería dar la cara y mínimo ofrecer una disculpa, y decir que va a investigar.
• Ernesto Cordero, precandidato del PAN a la presidencia, aseguró que el hecho es grave y genera sospecha.

Unos más diplomáticos, otras más directos, todos fueron a sus clases de “análisis de subtexto y trasfondo de la intencionalidad”, aunque que no se necesita ser un experto en la materia para advertir que es un acto cuyo calificativo más bondadoso sería: “sospechoso”. Y, claro, la suma “dinero en efectivo + gobierno priísta + Toluca” a casi todos nos lleva al mismo resultado “= Enrique Peña”. ¿O a ustedes no?

Imagen: Norte Digital

La Procuraduría General de la República (PGR) emitió una alerta migratoria para impedir que, entre otras personas, tres ex Gobernadores de Tamaulipas abandonen el país mientras se realiza una investigación. Los tres políticos en cuestión son Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. Los mandatarios gobernaron por el PRI la entidad tamaulipeca en tres sexenios consecutivos, entre 1993 y 2010.

En la alerta no se aclara el motivo de impedir a los involucrados abandonar el país, pero se cree que podría estar vinculada a distintas denuncias realizadas a partir de 1998. La medida contra los tres políticos priístas fue tomada como precaución pues habrían sido incluídos en una investigación por parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR. No se menciona de manera concreta un delito por el que se les investigue, pero todo apunta a que se trate sobre relaciones con el crimen organizado durante sus administraciones.

Los oficios fueron girados por la PGR con firma del agente del Ministerio Público de la Federación, David Juárez Mora, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pasado 13 de enero. En ellos se incluye un total de 46 personas entre familiarees y otros funcionarios que ejercieron durante el mandato de los Gobernadores. Entre los familiares destacan la esposa de Yarrington, María Antonieta Morales Loo y sus hijos, María Antonieta y Tomás Antonio Yarrington Morales.

Entre los funcionarios incluídos en la alerta migratoria se encuentran el ex director general de Turismo y Asuntos Internacionales, Alfonso Salazar Arzola; el ex procndourador Fernando Tomás Cayuela Villarreal; el ex subsecretario de egresos, Alfredo Sandoval Musi, entre otros. Después de todo, Tamaulipas es la tercera entidad con mayor crecimiento en el número de muertes debido al crimen organizado, apenas detrás de Chihuahua y Sinaloa.

Imagen: Siempre

En 2011, por segundo año consecutivo, México fue considerado el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo con el informe anual de la ONG Campaña Emblema de Prensa (CEP). Hoy nos encontramos con la noticia de que Alejandro Ramos Flores, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), recibió una delegación de la organización civil PEN Internacional, encabezada por John Ralston Saul.

El funcionario declaró que el gobierno federal no escatimará en gastos para esclarecer y castigar los crímenes cometidos contra periodistas en el país y destacó que las libertades de prensa e información deben estar reconocidas y garantizadas por el Estado, ¿será?

Cuando uno recibe visitas, “limpia la casa” para dar una buena impresión, el mensaje del subprocurador da buena impresión, lo que no da buena impresión es el hecho de que el periodismo se haya convertido en uno de los trabajos más peligrosos en nuestro país. La visita de la organización que promueve la literatura y defiende la libertad de expresión no es gratuita.

Ramos Flores abundó en las medidas de protección a favor de periodistas y comunicadores, así como de quienes, sin tener este carácter, escriben en medios impresos y electrónicos. Además, destacó la importancia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y advirtió que actualmente se encuentra en el Congreso de la Unión un proyecto de reforma al Código Penal Federal, para incluir un capítulo especial sobre delitos en agravio del gremio periodístico y, con ello, darle competencia total a la Procuraduría en la investigación de estos actos.

Veamos, el 15 de febrero del 2006 se creó la FEADP (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas) para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional. ¿Qué pasó con esta fiscalía especial? No mucho. Se le asignaron 60 casos y sólo en cuatro se consignó al indiciado.

¿Qué se hace cuando una dependencia no sirve? Se le cambia el nombre. En julio de 2010 desapareció la FEADP y se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) -esa que presumió Ramos Flores-. ¿La diferencia? Ya no se centra en “periodistas”, sino en proteger la libertad de expresión. ¿Sirvió de algo? México ocupó el primer lugar del mundo como el país más peligroso para ejercer el periodismo en 2010 y 2011, ustedes dirán.

Hasta septiembre del año pasado, la cifra más conservadora en cuanto a comunicadores ejecutados, de 2000 a ese entonces, era de 74, la mayoría de ellos entre 2005 y 2011 -después de todo estamos en “guerra contra el narcotráfico”, ¿no?-. De acuerdo con la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), hasta abril de 2011, en los 53 meses que llevaba la administración federal en ese momento, habían ocurrido 53 asesinatos de informadores -haciendo la división, uno por mes-.

Mi abuelo era periodista, mi padre era periodista, mis hermanos son periodistas, tengo amigos periodistas, disculpen si me lo tomo personal y me ofenden las declaraciones del señor subprocurador. Me parece un exceso de cinismo que tenga cara para hacer esas afirmaciones a “las visitas”, cuando la impunidad en estos crímenes ha sido la constante. Lo bueno es que promueven la libertad de expresión y supongo que mi indignación les tendrá sin cuidado.

Imagen: Bligoo