Los índices de violencia en las escuelas de Ciudad Juárez, Chihuahua, han reflejado un aumento como consecuencia del entorno social y de inseguridad que ha venido padeciendo esta población desde hace tiempo. Es por esto que como parte del “Proyecto Ciudad Posible, Sí: Cultura de la Justicia y la Mediación”  la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la implementación del programa “Escuela, Mediación y Justicia: Resolución Creativa de Conflictos” para contrarrestar dicho fenómeno.

Ya hace unos días hablábamos aquí del impacto que el ambiente de violencia e inseguridad estaba teniendo en la salud de los niños y entre ellos se mencionaba los problemas de conducta. En esta ocasión, la violencia manifestada en las escuelas, reflejada mediante el acoso, maltratos, insultos, riñas y agresiones entre estudiantes o hacia los maestros es el daño a solucionar derivado del problema de inseguridad.

Por lo tanto este mes se pondrá en marcha el programa que pretende desarrollar en los alumnos habilidades para tomar conciencia de que los problemas se pueden solucionar sin que se reproduzcan patrones de conducta violenta, señaló el vocero de la delegación de la PGR en la entidad, José Ángel Torres Valadez. Para esto serán capacitados 60 docentes de secundaria donde se pretende darles las herramientas para que logren encaminar a los alumnos en la solución pacífica de conflictos.

Aunque podemos ver esto aún lejano pues se da en una ciudad fuertemente azotada por los problemas de inseguridad, deberíamos verlo como una advertencia y anticiparnos en el resto de localidades para desde ya, tanto maestros como padres, motivar en los jóvenes conductas más saludables, que les eviten la posibilidad de vivir un acto de violencia y no dormirnos en nuestros laureles, pues siempre será mejor la prevención que la reparación de los daños.

“El buen juez por su casa empieza”, al parecer, la Procuraduría General de la República (PGR) ha empezado a aplicar esta frase de la sabiduría popular. Los casos de impunidad y corrupción en nuestro país han motivado la indignación pública en más de una ocasión, “hacer una purga” de los funcionarios corruptos es una medida urgente, pero hacerlo requiere más que buenas intenciones. En este sentido, en el foro “Coloquio contra la corrupción”, César Alejandro Chávez Flores, visitador de la PGR, dio a conocer que mil 790 servidores públicos estuvieron involucrados en irregularidades administrativas o penales durante 2011.

De acuerdo con el funcionario, la información institucional está vulnerada, las funciones son indebidamente ejecutadas por el personal y permea una deficiente investigación del delito. Además, hay gran cantidad de órdenes de aprehensión no ejercitadas, no se puede asegurar la regularidad en el comportamiento de los servidores públicos, hay una inadecuada administración de recursos humanos y falta confianza en la institución por parte de los ciudadanos —me pregunto por qué—

Con respecto a los mil 790 casos de servidores públicos involucrados en irregularidades, se advierte que mil 352 eran agentes del Ministerio Público, 120 mandos —delegados, subdelegados y fiscales especiales—, 237 agentes de la AFI o peritos, 13 mandos medios, 11 empleados administrativos; en 51 casos los cargos no fueron identificados. En esta especie de “purga”, también se separaron del cargo a 788 servidores por no acreditar exámenes de confianza, entre MP´s, agentes ministeriales y peritos.

En su oportunidad, Max Kaiser, coordinador de asesores de la Secretaria de la Función Pública, dio a conocer que durante el sexenio de Felipe Calderón, han sido registrados por esta dependencia 9 mil 560 casos de corrupción. Se han impuesto sanciones administrativas y penales a 7 mil 560 funcionarios y 2 mil han sido denunciados por la vía penal.

Al evento acudió Miguel Ontiveros, subprocurador de Derechos Humanos, en representación de Marisela Morales, titular de la PGR —seguro no fue porque estaba ocupada contando los 25 millones cash de Veracruz—, quien destacó los resultados de la Visitaduría General, pues se giraron orden de aprehensión contra 157 servidores o ex servidores públicos, de los cuales, 109 se encuentran sujetos a proceso penal, los motivos de detención han sido por delitos contra la administración de la justicia, cohecho, abuso de autoridad, extorsión, ya saben esas cosas que casi ni se dan en esta dependencia.

Seguro después del evento, todos aplaudieron, se abrazaron, se felicitaron por el excelente trabajo que han hecho y uno desde fuera se queda con esa sensación de que algo no cuaja. No pongo en tela de juicio sus cifras, lo que me salta es que la mayoría han sido “carne de cañón”, es decir, el nivel más bajo de la “pirámide de corrupción” —por ponerle un nombre—, procesan a los agentes, pero ¿ellos qué? Ellos siguen ordenes, ¿a poco se mandan solitos? Siempre hay alguien más arriba. El asunto realmente podrido del sistema está en las cúpulas de poder y no veo que estén procesando a alguien de peso ¿o sí?

A decir del investigador Guillermo Zepeda, la impunidad del homicidio en México es alta, 70 por ciento de los casos no se castigan. Además, advierte que en nuestro país, cada día 95 mil presuntos inocentes viven en las cárceles como presuntos culpables.

Otro especialista, Miguel Carbonell, advierte que la llamada ‘cifra negra’ —compuesta por los delitos efectivamente cometidos que no llegan al conocimiento de la autoridad— alcanza al 75 por ciento del total de delitos cometidos en México. Es decir, 3 de 4 delitos no se denuncian —y es que luego denunciar se convierte en un calvario para los denunciantes, tenemos casos como el de Valentina Rosendo o Marisela Escobedo que avalan esta postura—. Del 25 por ciento que sí son denunciados solamente se concluye la investigación ministerial en el 4.55 por ciento, pero se pone a alguna persona a disposición de los jueces solamente en el 1.6 por ciento del total de delitos cometidos. Esto implica que de cada 100 delitos solamente 1.6 llega ante el conocimiento de un juez; las condenas judiciales alcanzan una cifra del 1.06 por ciento. Sí, la impunidad alcanza una horrorosa cifra de 99 por ciento.

La mayoría de las muertes por narcotráfico no se investigan, ni las relacionadas con periodistas, ni los feminicidios, ni… Digo, me da gusto que la PGR haya iniciado esta “purga”, pero me dará más gusto ver que cuando empiecen a rodar las cabezas de “los intocables”, cuando el dinero y el poder no sean razón para salir bien librados. Entonces sí, hasta aplaudiría. Antes no.

Imagen: Esmas

¿Recuerdan cuando Ernesto Zedillo le respondió a una vendedora de artesanías “No tengo cash”? Pues parece que el gobierno veracruzano aprendió bien la lección de cargar cash. El viernes pasado, Policías Federales detuvieron a Miguel Morales Robles, colaborador del gobierno de Veracruz, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, quien aterrizó en la terminal aérea procedente de Xalapa, y llevaba en una maleta y en una mochila de viajero 25 millones de pesos en efectivo. Cuando Saíd Sandoval Zepeda, personal del equipo de seguridad del gobernador Javier Duarte, se presentó en las instalaciones de la autoridad competente para pedir que se le entregara el dinero y a su compañero, también fue detenido.

¿Quién en su sano juicio transporta esa cantidad de dinero o va a interceder por el que lo hizo? Pero en este país todo es posible. Así que argumentaron que el dinero era para pagar a una empresa con sede en el DF, la cual participará en la Feria de la Candelaria, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín. Además, presentaron documentos que “amparaban” el transporte de recursos, los cuales, por cierto, carecían de sellos oficiales. Ambos ya fueron liberados.

Tras la detención, vinieron las declaraciones oficiales de Tomás Ruiz González, secretario de finanzas de Veracruz, quien afirmó que el traslado del dinero en efectivo fue una operación lícita y que su origen es el erario. Corroboró la versión de los trabajadores detenidos, explicando que el destino de los recursos era pagar servicios de promoción turística del estado a Industria 3. Dichos servicios son la contratación de artistas, el montaje de escenarios y producción de materiales para promocionar los próximos tres eventos a realizarse en Veracruz. El dinero se distribuiría así: dos millones para la Candelaria, 15 millones para el Carnaval y ocho para Cumbre Tajín. La justificación: les “ganaron las prisas”.

Como si el hecho no fuera por sí solo elemento suficiente para levantar sospechas, Vicente Benítez González, renunció como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz —“más vale decir `aquí corrió, que aquí murió´”—, aunque Tomás Ruiz informó que fue “para facilitar la investigación”. El asunto de la factura también es cuestionable. Y si el pretexto fue que “tenían prisa”, ¿no hubiera sido más rápido, efectivo y seguro una transferencia electrónica? Digo, te ahorras el viaje y el riesgo de que alguien te vea con 25 mdp cash y te los confisque.

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga la procedencia del dinero y solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que verifiquen el origen de numerario para saber de dónde salieron los billetes. La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefinplan) solicitó a la PGR la devolución de los 25 mdp. La petición formal no extraña, si se supone que mandaron a los “chamacos” a pagar así por las prisas, seguro a estas alturas de la semana se están mordiendo las uñas, después de todo la Candelaria es en dos días.

Como todo esto se ha prestado a tanto “sospechosismo”, las teorías “alternativas” ya están sonando fuerte:

• Juan Molinar Horcasitas, secretario de Acción de Gobierno del PAN, dijo que era inverosímil la versión oficial.
• Juan Bueno Torio, senador del PAN, acusó a Javier Duarte de financiar la campaña de Enrique Peña, precandidato del PRI a la presidencia, con recursos públicos.
• Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, afirmó que el dinero retenido era para la campaña de Enrique Peña.
• Andres Manuel López Obrador, precandidato del PRD a la presidencia, expresó que Javier Duarte debería dar la cara y mínimo ofrecer una disculpa, y decir que va a investigar.
• Ernesto Cordero, precandidato del PAN a la presidencia, aseguró que el hecho es grave y genera sospecha.

Unos más diplomáticos, otras más directos, todos fueron a sus clases de “análisis de subtexto y trasfondo de la intencionalidad”, aunque que no se necesita ser un experto en la materia para advertir que es un acto cuyo calificativo más bondadoso sería: “sospechoso”. Y, claro, la suma “dinero en efectivo + gobierno priísta + Toluca” a casi todos nos lleva al mismo resultado “= Enrique Peña”. ¿O a ustedes no?

Imagen: Norte Digital

La Procuraduría General de la República (PGR) emitió una alerta migratoria para impedir que, entre otras personas, tres ex Gobernadores de Tamaulipas abandonen el país mientras se realiza una investigación. Los tres políticos en cuestión son Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. Los mandatarios gobernaron por el PRI la entidad tamaulipeca en tres sexenios consecutivos, entre 1993 y 2010.

En la alerta no se aclara el motivo de impedir a los involucrados abandonar el país, pero se cree que podría estar vinculada a distintas denuncias realizadas a partir de 1998. La medida contra los tres políticos priístas fue tomada como precaución pues habrían sido incluídos en una investigación por parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR. No se menciona de manera concreta un delito por el que se les investigue, pero todo apunta a que se trate sobre relaciones con el crimen organizado durante sus administraciones.

Los oficios fueron girados por la PGR con firma del agente del Ministerio Público de la Federación, David Juárez Mora, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pasado 13 de enero. En ellos se incluye un total de 46 personas entre familiarees y otros funcionarios que ejercieron durante el mandato de los Gobernadores. Entre los familiares destacan la esposa de Yarrington, María Antonieta Morales Loo y sus hijos, María Antonieta y Tomás Antonio Yarrington Morales.

Entre los funcionarios incluídos en la alerta migratoria se encuentran el ex director general de Turismo y Asuntos Internacionales, Alfonso Salazar Arzola; el ex procndourador Fernando Tomás Cayuela Villarreal; el ex subsecretario de egresos, Alfredo Sandoval Musi, entre otros. Después de todo, Tamaulipas es la tercera entidad con mayor crecimiento en el número de muertes debido al crimen organizado, apenas detrás de Chihuahua y Sinaloa.

Imagen: Siempre

En 2011, por segundo año consecutivo, México fue considerado el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo con el informe anual de la ONG Campaña Emblema de Prensa (CEP). Hoy nos encontramos con la noticia de que Alejandro Ramos Flores, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), recibió una delegación de la organización civil PEN Internacional, encabezada por John Ralston Saul.

El funcionario declaró que el gobierno federal no escatimará en gastos para esclarecer y castigar los crímenes cometidos contra periodistas en el país y destacó que las libertades de prensa e información deben estar reconocidas y garantizadas por el Estado, ¿será?

Cuando uno recibe visitas, “limpia la casa” para dar una buena impresión, el mensaje del subprocurador da buena impresión, lo que no da buena impresión es el hecho de que el periodismo se haya convertido en uno de los trabajos más peligrosos en nuestro país. La visita de la organización que promueve la literatura y defiende la libertad de expresión no es gratuita.

Ramos Flores abundó en las medidas de protección a favor de periodistas y comunicadores, así como de quienes, sin tener este carácter, escriben en medios impresos y electrónicos. Además, destacó la importancia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y advirtió que actualmente se encuentra en el Congreso de la Unión un proyecto de reforma al Código Penal Federal, para incluir un capítulo especial sobre delitos en agravio del gremio periodístico y, con ello, darle competencia total a la Procuraduría en la investigación de estos actos.

Veamos, el 15 de febrero del 2006 se creó la FEADP (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas) para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional. ¿Qué pasó con esta fiscalía especial? No mucho. Se le asignaron 60 casos y sólo en cuatro se consignó al indiciado.

¿Qué se hace cuando una dependencia no sirve? Se le cambia el nombre. En julio de 2010 desapareció la FEADP y se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) -esa que presumió Ramos Flores-. ¿La diferencia? Ya no se centra en “periodistas”, sino en proteger la libertad de expresión. ¿Sirvió de algo? México ocupó el primer lugar del mundo como el país más peligroso para ejercer el periodismo en 2010 y 2011, ustedes dirán.

Hasta septiembre del año pasado, la cifra más conservadora en cuanto a comunicadores ejecutados, de 2000 a ese entonces, era de 74, la mayoría de ellos entre 2005 y 2011 -después de todo estamos en “guerra contra el narcotráfico”, ¿no?-. De acuerdo con la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), hasta abril de 2011, en los 53 meses que llevaba la administración federal en ese momento, habían ocurrido 53 asesinatos de informadores -haciendo la división, uno por mes-.

Mi abuelo era periodista, mi padre era periodista, mis hermanos son periodistas, tengo amigos periodistas, disculpen si me lo tomo personal y me ofenden las declaraciones del señor subprocurador. Me parece un exceso de cinismo que tenga cara para hacer esas afirmaciones a “las visitas”, cuando la impunidad en estos crímenes ha sido la constante. Lo bueno es que promueven la libertad de expresión y supongo que mi indignación les tendrá sin cuidado.

Imagen: Bligoo

Al más puro estilo de James Bond, se desató un escándalo en la Cámara de Diputados por presuntos actos de espionaje. Tras la detección de “aparatos” de intervención telefónica, la paranoia embargó a los legisladores, mandando revisar oficinas, clausurando áreas y, obviamente, interponiendo la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable.

La información en los medios es mucha y fragmentada, así que aquí nos dimos a la tarea de tratar de hacer la reconstrucción, de acuerdo con lo vertido en algunos de ellos -siguiendo con el espíritu detectivesco que amerita la ocasión-:

• Guadalupe Acosta Naranjo, Diputado Federal por Nayarit y ex presidente interino del PRD, fue electo presidente de la Mesa Directiva -cuyo predecesor en el cargo es el priísta Emilio Chuayffet, dato interesante por mero sospechosismo-. Al tomar la oficina correspondiente a su nueva posición, pidió que revisaran las líneas para garantizar condiciones de seguridad. Otros dicen “solicitó un barrido”, “revisión de rutina”, “revisión de seguridad”, etc.

Primeras dudas: ¿si es una “revisión de rutina” por qué no habían detectado los aparatos anteriormente -la antigüedad se verá más adelante-? ¿El señor diputado es sumamente cuidadoso y pide expresamente que revisen las líneas cada vez que toma una oficina? ¿Se trató de un caso de serendipia?

• Las versiones de lo que encontraron varian de acuerdo al medio. La Crónica dice: “Entre las pruebas entregadas a la dependencia están aparatos que supuestamente sirven para intervenir y escanear llamadas telefónicas, así como transcripciones de charlas y otros documentos cibernéticos”. El mismo medio en otra nota indica “se detectaron este tipo de aparatos de intervención telefónica y de videograbación”. El Universal fue más conservador, sólo dijo: “se detectaron aparatos de espionaje -grabadoras-“. Grupo Fórmula, en una entrevista a Armando Ríos Piter, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, hecha por Ricardo Rocha, advierte: “haber encontrado varios aparatos y equipos en distintas oficinas”. También Grupo Fórmula, en otra entrada, señala: “la existencia de los aparatos que se presumen son de intervención telefónica”. Hasta aquí paramos el muestreo de medios para evitar saturación.

Exactamente ¿qué encontraron? Todos coinciden en “aparatos”, pero ¿qué tipo de aparatos? Si se dan cuenta, no se especifica. Se podrá aducir que esto es así por la secrecía obvia que se ha pedido en la investigación. Pero no deja de llamar la atención que ni se dice con precisión qué encontraron, ni hay igualdad en los reportes. Hablan también de “transcripciones y documentos”, de “videograbación”, de “grabadoras”, incluso “micrófonos” -en otra versión no citada líneas arriba-. Vaya, uno se puede poner a lucubrar lo que se nos dé la gana. Yo me imaginé algo así como los aparatos que salen en CSI.

• ¿Qué se indujo a partir del hallazgo? Además de la obvia respuesta de “espionaje”, los “aparatos” se convirtieron en “evidencia robusta” de que el referido espionaje se hacía desde hace tiempo. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Porque, de acuerdo con información de este órgano de gobierno, algunos equipos tenían una antigüedad de tres años y otros fueron renovados los últimos meses -si esto es así, descartamos a Chuayffet como la mente maestra detrás del revuelo porque entonces a él también le tocó-.

¿Esa conclusión de dónde salió? Seguro expertos fueron los que determinaron la antigüedad de los equipos, porque no me imagino a los señores diputados en papel de Sherlock Holmes, revisando con lupa los equipos y sacando conclusiones al respecto -pero eso también es un ejercicio especulativo, tal vez nuestros diputados son expertos en tecnología de espionaje-.

• ¿Qué pasó tras el hallazgo? En la entrevista citada líneas arriba se afirma:

“…después se procedió a hacer una revisión en la Junta de Coordinación Política y ocurrió lo mismo, se revisó la oficina mía, la de la Coordinación de los diputados federales, se encontraron algunos micrófonos y así sucesivamente fueron apareciendo más aparatos que ahora lo que dejan es por lo menos información de que son varias las oficinas que tienen o enfrentan esta actividad clandestina”.

• Es decir, el espionaje era general, no era para algún partido en específico, ni una comisión en particular. ¿Qué más hicieron? En El Universal se reportó la clausura de 25 puertas y áreas que daban acceso a los servidores de telefonía e internet, y agregan: “cuyos sellos fueron rotos por un funcionario de San Lázaro que fue despedido” -inserte música de suspenso-. Un medio mucho menos conocido, llamado Puente libre reporta: “el Departamento de Telefonía en el basamento del edificio A de San Lázaro se clausuró con sellos de protección, donde personal de Seguridad y Resguardo Parlamentario vigila dichas oficinas. Asimismo la bodega que se encuentra junto a dichas oficinas y los conmutadores telefónicos están clausurados y vigilados por ese mismo personal de seguridad. Varias oficinas de los legisladores federales, entre ellas la de la diputada del PRI, Carolina Viggiano, tienen sellos de clausura”.

La situación no era para menos, la revisión y clausura de espacios era una medida lógica a tomar después de hallar estos “aparatos”. El detalle de que un funcionario haya roto los sellos ya empieza a señalar posible involucrados. Seguramente las medidas de seguridad se incrementaron y pasaron lista a todos los empleados, particularmente a los responsables de que estos hechos no sucedan, habrá que empezar a depurar para saber dónde está el topo.

• Ahora sí, ya con los “aparatos” en la mano, a las 12:25 horas del martes 24, la Dirección Jurídica del órgano legislativo presentó la denuncia ante la PGR, dependencia que abrió la averiguación previa AP/PGR/ UEIDCSPCAJ/037/2012, por el ilícito de intervención de comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial competente, ilícito que prevé sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa -o sea, una nadería si consideramos costo-beneficio de quienes hayan sido los presuntos implicados, y con lo dados que son en este país a fabricar culpables, los responsables están del otro lado (¡Hola, Jorge Hank!)-.
  La procuradora Marisela Morales Ibáñez se comprometió a realizar una investigación imparcial, profunda y eficaz. El área que inició las diligencias fue la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, a cargo de Víctor Miguel Guerra Enríquez, y dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF).

Aquí brinca de inmediato la frase “sin mandato de la autoridad judicial competente”. O sea que si era orden directa del de arriba, se aguantan. Claro que el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), -mejor conocidos como orejas- ya se lavó las manos negando que hayan sido ellos. Aunque no faltó el priísta, en este caso, Jorge Romero, diputado por Hidalgo, que levantó su dedito índice acusando al Gobierno Federal -¿acaso conocedor y nostálgico de estas prácticas priístas que en su calidad de mito urbano, todos sabemos y todos callamos?-.

Entonces ¿a quién le echamos la culpa? Después de todo, no debe ser tarea fácil entrar al recinto legislativo armado de “aparatos”, con los cuerpos de seguridad que verifican el acceso y la red de cámaras instaladas -salvo que seas personaje de acción en alguna película gringa o… (inserte música de suspenso)-. Algunos legisladores empiezan a barajar las posibilidades: adversarios políticos, gobierno, crimen organizado -un elefante que confiese que es conejo, el chupacabras (mejor conocido como Salinas), James Bond, el mayordomo con la lámpara en la biblioteca, etc.-.

Si no tienen cola que les pisen -ajá-, ¿a qué le tienen tanto miedo, qué información ultrasecreta y confidencial corre por los pasillos y líneas telefónicas de San Lázaro? De acuerdo con Armando Ríos, también coordinador de los diputados del PRD, lo que les preocupa es que la información generada sea utilizada para obtener algún tipo de beneficio económico, es decir, temen que los quieran chantajear. Pero, como bien advierte el panista Arturo García -sí, esta vez le doy la razón, pero poquito-, ¿no se supone que los temas legislativos son públicos?

Desde luego, sentirse vulnerados y saber que conocen santo y seña de lo que han dicho -¡y vayan a saber qué tanto dijeron los legisladores y demás trabajadores del órgano colegiado!- los debe poner muy paranoicos e indignados, por algo existe el derecho a la privacidad, pero seguro más de uno tiene algo qué esconder -y se están mordiendo las uñas y tomando su Tafil-, ¿temerán que nos enteremos cómo cocinan en lo oscurito las iniciativas, de los cabildeos, de cómo les dan línea, que sepamos que son el congreso más perezoso del mundo? Descuiden, eso ya lo sabemos. Aunque si eso es lo público, ¿cómo estará lo privado?

Y usted, estimado lector, ¿quién cree que fue el responsable? ¿Qué cree que oculten nuestros legisladores? ¿En cuánto tiempo creen que se identifiquen a los culpables? Las apuestas están abiertas.

Imagen: Fondos de cine

Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico al principio de su administración, a cinco años de que dio esta declaratoria, las cifras oficiales arrojaron el resultado de 47 mil 515 bajas en dicho periodo. Sólo de enero a septiembre del año pasado se registraron 12 mil 903 muertes por ejecución o enfrentamientos entre bandas del crimen organizado y del narcotráfico, de acuerdo con estadísticas publicadas por la Procuraduría General de la República (PGR).

Esa cifra supera a la de la guerra en el noroeste de Pakistán que inició en 2004. Aunque todavía estamos muy lejos de Colombia. Es decir, cuando se habló de “guerra”, no se hizo de manera retórica. Realmente se abrió fuego en el campo de batalla, con bajas en todos los bandos y, lo que es peor, con bajas civiles. Al parecer, ya estamos tan acostumbrados al término, que nos hemos hecho insensibles al fenómeno y a todo lo que implica. Quizá las estadísticas contribuyan a formalizar esa des-humanización de la muerte, ver a los muertos como números ayuda a quitar de la mente la imagen de acribillados o torturados, de narco fosas y decapitados, de la violencia en nuestro país.

Vayamos, pues a las cifras. Lo primero que salta es que se hable de 47 mil 515 bajas, cuando las cifras extraoficinales manejaban números superiores a los 50 mil, para ser más exactos, se habla de 55 mil 671 casos, es decir, la diferencia entre cifras oficiales y extraoficiales es de poco más de 8 mil —tampoco es de sorprenderse, las cifras oficiales se caracterizan por ser conservadoras—.

La escalada de homicidios por año ha sido significativa: de 2007 a 2008 el número de homicidios relacionado con el crimen organizado creció 110 por ciento; en 2009 creció 63 por ciento —con respecto al año anterior—, en 2010 creció 70 por ciento; en 2011 no nos fue tan mal porque sólo aumento 11 por ciento —sin contar el último trimestre—. Esto implica que en los últimos cuatro años el número de asesinatos relacionados con el crimen aumentó poquito más de 250 por ciento, nada de extrañar cuando se trata de un país en “guerra”.

La entidad con mayor incidencia de homicidios es Chihuahua —2 mil 289—, en donde se encuentra el municipio que también encabeza la lista de muertos: Ciudad Juárez —mil 206—, sede del cartel con el mismo nombre. El estado que sigue en la lista es Guerrero —mil 538—, ahí también está el segundo municipio con crímenes violentos: Acapulco —795—. Ambos municipios se encuentran entre las 50 ciudades más violentas del mundo.

El resto de entidades que registraron muertes de este tipo fueron: Nuevo León —mil 133—, Tamaulipas —mil 108—, Durango —709—, Jalisco -622—, estado de México —579— y Coahuila —572—. Atendiendo a las cifras, el mapa de narcoviolencia del país queda como sigue:

Imagen: Excelsior

¿A quién se está contabilizando? Presuntos integrantes de cárteles del narcotráfico y sicarios, civiles —víctimas de un fuego cruzado—, policías —federales, estatales y municipales— y elementos de las Fuerzas Armadas.

¿Con qué tipo de muerte se realizó la estadística? Incluyen muertes por decapitación, durante levantones, por disparo directo por arma de fuego y tortura, víctimas inocentes que murieron por lesiones directas de sicarios o delincuentes relacionados con el crimen organizado y trasiego de drogas, confrontación directa entre grupos de sicarios o comandos, ataques de la delincuencia contra las autoridades de los tres órdenes de gobierno, es decir, los homicidios dolosos registrados en este contexto.

Estas son algunas de las principales cifras oficiales de la guerra contra el narcotráfico. Habrá que reflexionar un poco en torno al punto. En toda guerra hay muertos y son un indicador del estado de dicha guerra. Gana quien genere más bajas al enemigo. Habrá que ver de qué lado son las bajas para saber cómo se va en esta “guerra”. Hay que advertir que la lucha contra el narcotráfico no puede leerse como una guerra “clásica” en la cual hay contendientes claramente definidos; los cárteles son un enemigo fragmentado, que genera una violencia anárquica; son múltiples grupos que combaten al mismo tiempo entre sí y contra el Estado. Veremos quién gana en esta guerra, esperemos que no pierdan los “mexicanos de a pie”.

Imagen: Periodico digital

Dicen que es de sabios cambiar de opinión. Pero esto es un exceso. El martes pasado —a casi cuatro meses de ocurrido el atentando—, el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, y el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Cuitláhuac Salinas Martínez, ofrecieron una rueda de prensa en la ciudad de Monterrey. En ella, ambos funcionarios aseguraron que el inmueble donde operaba el Casino Royale cumplía con todas las normas de seguridad que establece la Ley. Eximiendo de toda responsabilidad jurídica, tanto a los dueños del casino como a los funcionarios implicados en su operación. Sorprende entonces que, un día después —el miércoles 7 de diciembre—, la Procuraduría General de la República —órgano al que ambas dependencias están supeditadas— envió un comunicado de prensa donde se retracta de estas afirmaciones.

En pocas palabras: “dice mi mamá que siempre no”. Contrario a las declaraciones del procurador de Nuevo León y el titular del SIEDO, el comunicado de prensa elaborado por la PGR afirma que las instalaciones del Casino Royale no cumplían con la normativa vigente:

El inmueble denominado Casino Royale, no cumple con las condiciones de seguridad acorde a la Normatividad en Materia de Seguridad Industrial y Protección Civil.

Y no sólo eso, más allá de deslindar del caso a los dueños y funcionarios públicos implicados, afirma que continúan las investigaciones en torno a opacidades legales en su funcionamiento. ¿Y adivinen quién se supone está llevando a cabo las averiguaciones? La misma procuraduría cuyo titular, un día antes, los habías deslindado de toda responsabilidad jurídica:

Al respecto la Procuraduría del Estado [de Nuevo León] informó del inicio de la indagatoria a fin de determinar si en la solicitud y expedición de las licencias de funcionamiento de ese lugar hubo responsabilidad penal atribuible a los propietarios y servidores públicos relacionados; esas investigaciones corresponden a las autoridades locales y podrán encaminarse a indagar respecto de los delitos de fraude específico y ejercicio indebido del servicio público.

Adrián de la Garza, procurador del estado de Nuevo León, afirmó durante la rueda de prensa del martes que no existían indicios para ejercer acción penal contra los dueños del casino, ni contra los funcionarios implicados en su operación. ¿Por qué? Según los peritajes que dieron a conocer ambas dependencias, la muerte de las 52 personas atrapadas en el Casino Royale se debió a la magnitud del incendio, y no a la ausencia de medidas de seguridad en el inmueble. Por lo que, tras compararlo con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, afirmó que “cualquier medida de seguridad no hubiera sido suficiente para detener el siniestro”.

En el mismo comunicado de prensa, la PGR informó que, además de continuar investigando a los miembros del crimen organizado que iniciaron el fuego rociando gasolina en el interior del inmueble (200 litros según los peritajes dados a conocer en la rueda de prensa), también se mantiene una averiguación previa contra servidores públicos involucrados en las opacidades de su funcionamiento. ¿Y ésta quién la está llevando a cabo? Ni más ni menos que el SIEDO, cuyo titular también deslindó a los funcionarios públicos de toda culpa:

Adicionalmente una averiguación previa que se sigue en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, por las probables responsabilidades en que pudieran haber incurrido servidores públicos federales en relación con la obtención de la licencia de funcionamiento del casino y por las máquinas de juegos encontradas en el lugar.

Las declaraciones de ambos funcionarios desataron ayer la inconformidad entre los legisladores de Nuevo León y los deudos de las víctimas. Diputados del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza calificaron los resultados de los peritajes como “un atentado a la inteligencia de los neoleoneses”. Lo cual es comprensible cuando tomamos en cuenta los testimonios de bomeberos y sobrevivientes al ataque perpetrado contra el Casino Royale, donde se informó que incluso existían “salidas de emergencia falsas”.

Imagen: M Noticias

A poco menos de cuatro meses del ataque perpetrado contra el Casino Royale en la ciudad de Monterrey, los dueños de la casa de apuestas y los funcionarios implicados en su operación han sido eximidos de toda culpa. De acuerdo a las investigaciones realizadas por los peritos de la PGR, las instalaciones del Casino Royale contaban con prácticamente todas las medidas de seguridad. Tras comparar la magnitud del atentado con el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, manifestó que “cualquier medida de seguridad no hubiera sido suficiente para detener el siniestro” que cobró la vida de 53 personas.

¿En qué sustenta esta afirmación? Según los reportes de las dependencias estatal y federal, durante el ataque se utilizaron 10 garrafones de 20 litros cada uno para rociar el inmueble con gasolina. Es decir, 200 litros de combustible. Suficiente energético para provocar un incendio de gran magnitud en tan solo 40 segundos, tal y como ocurrió en la casa de apuestas. De acuerdo a las investigaciones realizadas por los peritos, el Casino Royale contaba con ocho salidas de emergencia, 40 extintores y señales de evacuación, además de que los textiles utilizados en la confección de cortinas y alfombras contaban con sustancias que ayudan a retardar el avance del fuego. Todas medidas que se mostraron inútiles ante la magnitud del incendio.

De esta manera, al ser la magnitud del siniestro la responsable de las 53 víctimas fatales y no la ausencia de medidas de seguridad por parte de la empresa o las autoridades, ambas procuradurías han coincidio en deslindar de toda culpa tanto a los dueños del Casino Roayle como a los funcionarios públicos implicados en su funcionamiento. Por ende, toda la responsabilidad de este trágico suceso recaerá sobre los 18 sujetos que han sido identificados como los responsables; de los cuales, al menos 16, se encuentran enfrentando un proceso penal.

El motivo y causa del incendio que produjo el resultado de las 52 víctimas fue, sin lugar a dudas, las acciones que llevaron a cabo los 18 sujetos identificados, y de los cuales 16 ya se encuentran actualmente procesados […]. Al intentar resguardarse al interior murieron por asfixia en su mayoría

Sin embargo, no todos están conformes con los resultados del peritaje. Diputados locales del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza han expresado su inconformidad con el veredicto presentado por ambas dependencias. Calificado por los legisladores como “un atentado a la inteligencia de los neoleoneses”, consideran que los resultados no son satisfactorios y resultan indignantes para los familiares de las víctimas, quienes a lo largo de estos ya casi 100 días siguen esperando el castigo de los culpables. No es para menos. Recordemos que en Nuevo León, los legisladores han emprendido una cruzada contra las casas de apuestas tras la cloaca que destaparon los primeros peritajes en torno al Casino Royale. Mismos donde incluso el hermano del alcalde de Monterrey, Jonás Larrazabal, resultó implicado por el delito de extorsión, mismo del que fue “perdonado” por los dueños del Casino Red hace unas semanas.

Imagen: CUARTOSCURO

Hace unos meses —en julio, para ser exactos—, Mariel Solís vivió uno de los momentos más terribles de su existencia. Al salir de casa para dirigirse al lugar donde realizaba sus prácticas profesionales, elementos de la PGJ le propinaron un levantón en plena calle. ¿Los motivos? Haber sido confundida con una presunta cómplice del homicidio de un catedrático de la UNAM. Y el adjetivo “presunta” en este caso no es mera cuestión de estilo: a la fecha, se ignora si la mujer que aparece en el video de seguridad proporcionado por el banco participó realmente en el asesinato del investigador Salvador Rodríguez y Rodríguez. Las irregularidades que imperaron en el caso de Mariel vinieron a mi mente la tarde de ayer, mientras cubríamos la detención del ilustrador Mario Flores Vargas, mejor conocido en Twitter como @Mareoflores.

Al momento de su liberación, cerca de las 22:00 horas —prácticamente siete horas después de haber sido detenido—, esperaba encontrarme con un comunicado de prensa que expusiera razones similares a las que se presentaron tras la detención de Mariel Solís. Disculpas por los procedimientos de rutina, señalar que un detenido previamente lo había nombrado, etcétera. Pero sorpresa, esta vez fue aún peor: en vez de anunciar algún motivo “más coherente”, la PGR informó que en realidad le dieron el levantón por haber escrito una serie de tweets que aludían tanto a la muerte de Juan Camilio Mouriño, como a la del Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Vale la pena transcribir el comunicado íntegro, pues la noche de ayer muchos no pudieron tener acceso al sitio de la PGR donde se colgó el comunicado:

Con la finalidad de agotar todas y cada una de las líneas de investigación, y en cumplimiento con el acuerdo ministerial dictado en los autos que integran la indagatoria de los hechos acaecidos en el poblado de San Juan Tezompa, Municipio de Chalco, Estado de México, en los que perdieran la vida el Secretario de Gobernación y siete servidores públicos más, el agente del Ministerio Público de la Federación tomó la declaración, en calidad de testigo, al titular de la cuenta de twitter @mareoflores.

Una vez que rindió su declaración sobre los motivos por los que publicó en su cuenta de twitter el comentario “no salía tan temprano desde que se cayó la avioneta de Mouriño, anden con cuidado funcionarios voladores”, se le permitió retirarse de las instalaciones, toda vez que hasta este momento, no existe relación entre la publicación del tweet y el accidente aéreo.

El Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República, refrenda su compromiso de agotar todas las líneas de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos antes señalados.

¿Sorprendente? O quizás simplemente desmoralizante… Dejemos de lado por un momento la discusión en torno a la libertad de expresión y las redes sociales, que, por sí sola, merece una entrada aparte. Centrémonos en lo poco eficiente que resultan las “pesquizas” que dirige esta corporación. Mario Flores Vargas, ilustrador y creativo en un agencia publicitaria, fue entrevistado por los medios al salir libre de las oficinas de la PGR, ubicadas a un costado del Monumento a la Revolución. Rodeado de amigos y usuarios Twitter que se solidarizaron con él, se hizo una pregunta que vale la pena recuperar:

¿cómo es que supieron mi dirección? ¿Cómo es que pueden saber a qué hora llegar a tu casa y hacerte lo que me hicieron a mí? Porque lo que yo sufrí fue un ‘levantón’. Imaginen lo que debió pasar mi madre, que es una persona grande: yo simplemente fui levantado, y no pude ni cerrar el auto de mi mamá.

¿Cómo pudo la PGR saber quién era Mario Flores Vargas, dónde vivía, cuál era su rutina y en qué momento encontrarlo solo para darle el mentado levantón y no enterarse de su amplia trayectoria en los medios electrónicos, donde junto a otras personas como Tamara de Anda, mejor conocida como @Plaqueta, se ha caracterizado por explotar el humor negro? Es increíble que por un tweet poco afortunado se le haya investigado como un “posible delincuente”. Y lo que es peor: que se le haya detenido de tal manera, saltándose los procedimientos que la propia corporación establece. Tal y como él dice en la entrevista que anda circulando por varios medios: “nunca me enseñaron una orden de presentación y, de hecho, la vinieron a elaborar hasta que llegamos aquí”.

La investigaciones en torno al accidente donde perdió la vida el Secretario de Gobernación y otros servidores públicos han resultado infructuosas hasta el momento. Y la detención de un ilustrador de 26 años creo que no ayuda mucho qué digamos. Especialmente cuando se le realizan preguntas tan ridículas que dan miedo; especialmente porque nos recuerdan a esos interrogatorios de los sesentas, donde cualquier joven era un posible “comunista”, enemigo público de la nación:

–¿Sobre qué fuiste interrogado? –se pregunta al twittero, al salir de la PGR.

–Sobre todos los detalles que se puedan imaginar: si conocía ingenieros que pudieran destruir un helicóptero –todos sus amigos ríen–, o si tengo lazos subversivos, además de las actividades de mis papás.

El tema aún da y dará para mucho qué reflexionar. Por el momento, queda abierta la incógnita: ¿En dónde quedó la inteligencia de nuestro “servicio de inteligencia”? A continuación, un video de Mario Flores Vargas siendo entrevistado afuera de la PGR. El audio es un poco bajo, así que recomiendo usar audífonos para escucharlo con claridad:

Imagen: Izismle