El congreso local Queretense aprobó perseguir de oficio, es decir, sin denuncia de por medio, el delito de pintar o rayar inmuebles con grafiti, con penas que van desde seis meses hasta cinco años de cárcel. La lógica tras esta decisión fue “Los autores de estas acciones antisociales son jóvenes que con sus pintas dañan, destruyen, ensucian y afectan la imagen de nuestra ciudad, provocando con ello daños y molestias evidentes”, lo cual tiene una cierta lógica, sin embargo, esta frase fue catalogada por la oposición...