Para Javier Duarte, gobernador de Veracruz, es más fácil modificar el Código Penal que reconocer una metedura de pata. Y no sólo eso. También le resulta “menos comprometedor” aducir su cambio de parecer a la intercesión piadosa de la Iglesia Católica, que a las demandas realizadas por activistas, ciudadanos y periodistas, tanto del país como del extranjero. En un movimiento poco afortunado, anunció esta mañana una propuesta para reformar el delito de Perturbación del Orden Público, bajo el cual fueron inculpados dos usuarios de Twitter hace unas semanas.

Dicha reforma consiste en considerar al delito como “menor”, reduciendo así el castigo a entre uno y cuatro años de cárcel, o a una multa de entre 500 a mil días de salario mínimo (es decir, de 29 mil 900 pesos a 59 mil 800). Además, de ser aprobada, ambos inculpados podrían salir bajo fianza. Esta iniciativa se encuentra actualmente en el Congreso local —de mayoría tricolor—, esperando a ser aprobada. Durante la presentación de esta iniciativa, Javier Duarte afirmó que:

No se trata de penalizar el uso genérico de tales medios, sino de sancionar la intención de perturbar el orden público y la falsedad de las afirmaciones cualquiera que sea el medio empleado. (…) Resulta imprescindible adecuar las normas jurídicas atendiendo a la protección máxima de la libertad de expresión como un derecho humano, pero sin incurrir en abusos que atenten contra valores sociales fundamentales.

A su parecer, esta clase de “delitos” cuadran con figuras jurídicas actualmente presentes en la ley. Sin embargo, sus penas son demasiado severas y se adecuan poco a los “cambiantes” tiempos que vivimos. Esta iniciativa, afirmó, está pensada para aplicarse en el caso de María de Jesús Bravo Pagola y Filiberto Martínez Vera, los usuarios de Twitter acusados de incurrir en “terrorismo”. Gerardo Buganza Salmerón, secretario general de Gobierno, pronunció al respecto de los inculpados que incluso la Iglesia católica había apelado “clemencia y buen juicio” al gobernador:

Si bien la Iglesia católica reconoció las graves faltas de los llamados “tuiteros”, también hizo un llamado a formular leyes más justas y menos severas, por ello el interés del gobernador de reclasificar el delito y modificar el código penal.

¿Por ello el interés del gobernador de reclasificar el delito? Pues ojalá que la Iglesia católica también abogue por la madre de uno de estos inculpados, pues ella afirma que desde que su hijo fue apresado, ella no ha podido visitarlo. Y que, es más, ni siquiera le han permitido bañarse. Seguramente que, por ser terrorista, lo han de tener en una celda especial à la Osama.

Javier Duarte parece empeñado en hacer política apegado a las viejas formas; esas donde el dirigente es incuestionable e infalible, incapaz de cometer un error. Prefiere demostrar lo fácil que es modificar la ley a conveniencia antes que retractarse, pedir una disculpa y seguir… bueno, seguir haciendo lo que se supongo que haga, porque los días pasan y aún no hay noticias de los culpables de los asesinatos a periodistas.

Imagen: José Randú

Se ha consumado el abuso de poder en Veracruz. Esta tarde se ha girado una orden de aprehensión contra dos usuarios de Twitter bajo el cargo de “terrorismo y sabotaje”. Hace una semana, el gobernador Javier Duarte desató una persecución después de que se esparciera el rumor de un supuesto atentado en la ciudad porteña. Los tweets desataron la alarma, lo que provocó que cientos de padres de familia corrieran hacia las escuelas para recoger a sus hijos. Al final, se determinó que el incidente había sido el incendio de un automóvil.

Por esta razón, Duarte se lanzó en una cacería de brujas, so pretexto de combatir la desinformación. En su perfil de Facebook, el mandatario calificó de “terrorismo” este acto, y se lanzó con todo para pedir un castigo categórico contra estos usuarios. Para el gobernador, la raíz de toda la situación estaba en estos mensajes. Para nada tiene que ver el ambiente crispado que se vive en la entidad tras los asesinatos de periodistas, o que los medios de comunicación hayan hecho eco de la información sin consultar otras fuentes.

Así, los usuarios de Twitter han sido empleados como chivos expiatorios. Los señalados son Gilberto Martínez Vera (@gilius_22) y María de Jesús Bravo Pagola (@maruchibravo), a quienes se les ha girado un auto de formal prisión. De ser encontrados culpables, ambos enfrentarían una pena de 30 años. Varias organizaciones de derechos humanos se han pronunciado en contra, y los abogados defensores han acusado que el gobierno estatal ha empleado tortura psicológica durante el proceso de interrogatorio.

Lamentablemente, Duarte ha vencido por el momento. El uso del término terrorismo se ha hecho muy a la ligera, perpetrando un abuso inadmisible. Sí, el derecho a la libertad de expresión también conlleva una responsabilidad, pero la sanción que ha propuesto el gobernador veracruzano evidencia una criminalización del uso de Twitter, una acción arbitraria y un mensaje de castigo contra la disidencia social. Lo peor es que si permitimos esta situación, estamos abriendo la puerta a otros escenarios peores. Por ejemplo, Tabasco ya ha sugerido la figura de alarma social, con cinco años de prisión para cualquiera que “propague información dolosa que altere la paz social”. ¿Hasta dónde vamos a parar?

Dicen que un rumor retuiteado mil veces se convierte en verdad. Aunque quizá se está sobredimensionando su alcance. Acusados de terrorismo, dos tuiteros fueron aprehendidos en el Estado de Veracruz por causar —en palabras de su gobernador— “psicosis entre la población” al difundir rumores en torno a supuestos ataques contra escuelas y bancos de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río. El caos se desató el día de ayer cuando, al confundir el incendio de un automóvil —provocado por una falla eléctrica— con uno de estos supuestos atentados, decenas de padres de familia acudieron despavoridos a las escuelas para recoger a sus hijos.

Hasta ahora, la Procuraduría del Estado no ha revelado las identidades de los tuiteros detenidos, identificados como los sospechosos por la Policía Cibernética. Sin embargo, ha anunciado que se han girado citatorios para convocar a otras personas posiblemente involucradas en estos actos. El procurador Reynaldo Escobar Pérez afirmó que actualmente se encuentran interrogando a los sospechosos detenidos y que, en caso de ser encontrados culpables, podrán enfrentar hasta nueve años de prisión. En su cuenta de Facebook, Javier Duarte, gobernador del estado, escribió:

Como padre de familia entiende perfectamente este tipo de situaciones, pero quiero reiterarles que no pasa nada. He estado en contacto con directivos de escuelas de Veracruz. No se dejen llevar por esta oleada de desinformación. Una cosa es combatir a la delincuencia y otra, que a través de redes sociales se malinforme a la sociedad”.

Si en algo tienen razón las autoridades jarochas, es que en Veracruz la situación no está para juegos. La presencia patente del grupo de los Zetas, aunados a los crímenes perpetrados contra periodistas de la región —que siguen impunes—, dejan en claro que la situación es delicada y que, cualquier alarma, por pequeña que sea, corre el riesgo de traducirse en pánico generalizado. Sin embargo, cabe preguntarse si la llamada “psicosis social” o “histeria social” —que, me temo, son términos usados muy a la ligera— son producto únicamente de los tweets que estos usuarios publicaron. ¿Los medios tradicionales no tendrán su parte al difundir la noticia sin consultar el origen de las fuentes? ¿O acaso todo Veracruz vive pegado a las actualizaciones de Twitter? Vaya, que si dos tuiteros lograron generar esta reacción tan desafortunada, estamos así de cambiar el mundo en 140 caracteres.

Como apunta Geraldine Juárez en Alt1040, no es un ejercicio vano sospechar de la eficacia de las autoridades veracruzanas para detener a dos usuarios de Twitter cuando no han podido encontrar a los asesinos de múltiples periodistas o la fuente de las amenazas que a diario reciben. De igual manera, también es de compartirse la preocupación de que el término terrorismo sea usado tan a la ligera, especialmente cuando ni siquiera se ha detenido, interrogado y sometido a juicio a los supuestos partícipes del hecho que, en este caso, involucraría a todos los que han dado un retweet, si nos apegamos a la definición del delito en el código penal.

Igual que sucedió en el caso del periodista italiano que suplantó al escritor Paco Ignacio Taibo II, hay también una responsabilidad —incluso mayor— en los medios masivos que difundieron la alarma entre la población, sin revisar las fuentes.

Imagen:Radio Newz

Esta es mi lucha. A matar maricones y cualquier aberración antihumana durante sus manifestaciones en contra de la iglesia católica. Soy trabajador de una importante industria farmacéutica en Madrid y puedo hacerme de suficientes sustancias peligrosas para boicotear las protestas antipapa. El que se me quiera unir contacteme. Atentamente yo! Posdata que se vallan a chingar a su madre todos los putos maricones de mierda, asquerosas abominaciones, desechos de vida, errores de dios.

Éste fue uno de los mensajes que José Pérez Bautista publicó en la sección de comentarios del diario electrónico La voz libre y por los cuales se encuentra actualmente bajo arresto en Madrid, España. A través de diversos foros en internet —calificados como “de tendencia ultraderechista”— este estudiante mexicano de química orgánica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), invitaba a simpatizantes radicales de la iglesia católica a atentar contras los participantes de la Marcha Laica; movilización ciudadana que se opone al gasto del erario público para financiar la visita del máximo jerarca católico a la península ibérica. Detenido desde el día de ayer por la policía española —bajo el cargo de “delitos de terrorismo”—, este integrante del cuerpo de voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud no parecía bromear acerca de sus intenciones.

Al igual que Anders Behring Breivik —autor de los atentados cometidos en la isla noruega de Utoya—, Pérez Buatista publicó en diversos foros de internet sus intenciones de atacar a los participantes de esta marcha, asegurando tener acceso a 200 litros de ácido clorhídrico y 50 botellas de bromuro de bencilo. Asimismo, en estos mismos espacios, se tomó el tiempo necesario para explicar los procesos químicos a seguir para fabricar sustancias corrosivas como el ácido sulfúrico. Entre sus múltiples participaciones destacan las invitaciones que hacía a los usuarios para esparcir gas sarín —químico que se utilizó en el atentado en del metro de Tokio— sobre los participantes en la movilización, esperando asesinar a 200 o, incluso, 400 personas de un sólo golpe.

Este presunto terrorista, originario del estado de Puebla y calificado como un estudiante destacado, se encuentra actualmente bajo la supervisión de las autoridades madrileñas, y continuará así hasta que la manifestación contra la visita del Papa termine. Hasta el momento, fruto del cateo realizado en el domicilio que compartía con compañeros del CSIC, han aparecido “dos cuadernos con anotaciones de procesos químicos que nada tenían que ver con sus estudios”, además de una memoria portátil y una laptop que serán intervenidas en búsqueda de más información. En su contra se argumenta también la facilidad que tendría para sustraer de los laboratorios de la institución los químicos necesarios para la elaboración de estas sustancias tóxicas.

Los comentarios realizados en internet podrían llegar a considerarse como un delito, ya que las amenazas contra un colectivo social es castigado por a legislación española con hasta tres años de cárcel. No cabe duda que el odio y la intolerancia pueden alcanzar niveles más allá de la comprensión humana.

Imagen: News Alfa

No sé si ustedes hayan notado usted un ligero incremento en la inseguridad durante los últimos años, pero mi estilo de vida -al igual que el de millones de mexicanos- ha tenido que adaptarse a la situación actual del país, cambiando los lugares y horarios que frecuento, por miedo a verme envuelto en un conflicto armado o ser víctima de la delincuencia. Aun así, un análisis de la consultora Stratfor estableció que los cárteles mexicanos buscan evitar ser catalogados como terroristas.

El análisis parte de la hipótesis de que los narcotraficantes evitan el uso de coches-bomba porque “su uso podría generarles animadversión de la población”, a lo que no puedo evitar preguntarme, ¿hay alguien que disfrute los enfrentamientos entre grupos criminales u oficiales? El reporte también menciona que “hasta ahora, los cárteles han sido muy cuidadosos de no cruzar esa línea”, aunque sí se han dado casos.

Es difícil acuñar una definición del término terrorismo, porque los gobiernos y medios de comunicación lo han utilizado arbitrariamente para referirse a grupos opositores de distintos tipos, sin embargo, si recurrimos al origen etimológico de la palabra, “causar terror”, el vocablo queda como anillo al dedo cuando leemos noticias como lo que ocurre en Monterrey o en Tamaulipas, que prácticamente podría clasificarse como genocidio.

A pesar de que los grupos criminales han expresado mediante narcomantas en repetidas ocasiones que el problema es entre ellos, el resto de la población se encuentra inevitablemente vulnerable al fuego cruzado. Asimismo, la falta de confianza en la policía ha propiciado en algunas localidades un aumento en los índices de robos, asaltos y otros crímenes menores. ¿Esto no es terror?

Nadie duda que la guerra contra el narcotráfico continuará por un periodo indefinido de tiempo, hay muchas opiniones diferentes sobre cómo debe atacarse el tema, sin embargo, lo que no es tan claro es cuándo va a mejorar la situación. Esta incógnita ha provocado que muchos mexicanos tomen posturas pesimistas respecto a la realidad del país, lo que ha desatado la polémica en la delgada línea entre criticar a México u odiarlo.

Foto: Mommy T

No hace falta ser un experto para darse cuenta de que la Guerra contra el Narcotráfico™ por parte del Presidente Felipe Calderón no ha estado ni cerca de alcanzar los resultados que a todos nos gustaría. El problema trasciende las fronteras mexicanas, y a nuestro vecino del norte, cuya seguridad nacional también se ha visto comprometida, no le parece nada bien. Por tanto, el congresista estadounidense, Michael McCaul ha presentado una propuesta de ley con la finalidad de incluir seis cárteles mexicanos en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras de los Estados Unidos de América (FTO, por sus siglas en inglés) y así tomar cartas en el asunto.

Los cárteles mexicanos que esta iniciativa de ley propone incluir en la lista son el de Sinaloa, los Arellano Félix, los Zetas, el del Golfo, los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana. Incluyéndolos en la lista, el Departamento de Estado de los EEUU tendría la autoridad para tomar acciones en contra de estos grupos delictivos, tales como obstaculizar transacciones financieras, viajes, la compra-venta de propiedades y aplicar la ley para castigar con mayor severidad a sus cómplices.

El gobierno norteamericano ya tiene tiempo mostrando su intranquilidad –que inclusive podría ser catalogada como “desesperación”- respecto a lo que ocurre en México, inquietud que se ha visto reflejada en acciones como las críticas del FBI hacia los logros del combate al narco. Además, la operación “Rápido y Furioso”, el problema suscitado entre Felipe Calderón y el otrora embajador Carlos Pascual y el asesinato del agente estadounidense de migración Jaime Zapata han sumado ingredientes para complicar la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

A pesar de que los legisladores estadounidenses se han mostrado renuentes a participar activamente con México, puesto que desconfían del país a causa de los altos niveles corrupción que se presentan en nuestro sistema judicial, basta echar un vistazo a la historia –o a los diarios- para percatarse de que el gobierno de Estados Unidos gusta de participar en conflictos armados fuera de su territorio –véase Afganistán, Irak, Libia, etc.-.

En caso de que esta propuesta se aprobara y el gobierno norteamericano emprendiera una cacería contra el crimen organizado en nuestro país, tal como ya hizo contra organizaciones terroristas como Al-Qaeda, ¿sería de ayuda para la Guerra contra el Narcotráfico™, o simplemente es una violación a nuestra soberanía que traería más problemas?

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Parece que ningún otro de los altos mandos del gobierno opina lo mismo que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) respecto al narcoterrorismo, afortunadamente. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apuntó la necesidad de tipificar el terrorismo como delito en el fuero penal.

Realizar un proyecto que establezca penas extraordinarias para cualquier culpable de actos de terrorismo no debería ser tan difícil. Para empezar, el terrorismo ya está contemplado en el artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional como amenaza a la seguridad. Dicha ley también prevé que será el titular del Ejecutivo Federal, en este caso el Presidente Felipe Calderón, quien dictará los lineamientos para la prevención, el combate y el castigo de dichos delitos.

Incluso parece que los diputados del PRI están a la espera de una propuesta presidencial respecto a este tema ya que Jorge Carlos Ramírez Marín, vice coordinador del PRI en San Lázaro, declaró:

Estamos a la expectativa de apoyar en lo que sea al Ejecutivo Federal, el Congreso no le va a regatear al presidente nada que esté en el ámbito de sus facultades o que implique un esfuerzo por parte del Poder Legislativo ante esta situación y como resolverla.

Es agradable ver cierta cooperación entre legisladores y el titular del Ejecutivo Nacional, independientemente del partido político al que pertenezcan, en el tema de seguridad pública. Sabemos que en ocasiones lo único que impide que ciertas reformas o políticas se aprueben y entren en vigor es precisamente el peso de los intereses partidistas. Por otro lado es una lástima que se haya tenido que llegar a este extremo para lograr tan ansiada colaboración.

Finalmente, fijar las sanciones penales para terroristas en México será más fácil que en otros países porque nuestro terrorismo proviene de manera exclusiva del interior de la República. A diferencia de Estados Unidos e Inglaterra, donde los atentados terroristas han tenido cierto tipo de financiamiento y organización por parte de extranjeros, en México somos autosuficientes en este rubro, triste pero cierto. Esto deja de lado cualquier previsión sobre extradiciones, al menos de manera temporal.

Además de establecer penas más graves para terroristas, debería también avanzarse en cuestiones de prevención. Dar capacitación extra al personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como a las fuerzas policiales en detección temprana de intentos terroristas podría evitar más tragedias de este tipo en un futuro.

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Lo crean o no, México tiene mucho en común con los países del Medio Oriente: la utilización de especias en la preparación de alimentos, la dependencia económica del petróleo (aunque en ese ámbito a ellos les va mucho mejor) y, de manera más reciente, el terrorismo. Aunque en México le agregamos la palabra “narco” al inicio… como a tantas otras cosas. Ayer, un convoy en Ciudad Juárez sufrió los efectos de un coche bomba. Hoy, el procurador general de México, Arturo Chávez Chávez, aseguró que no existen pruebas fehacientes de que el narcoterrorismo exista en nuestro país.

Tal vez no existan células terroristas como en otros países, y sabemos que los cárteles no se dedican primordialmente a este tipo de actividades pero ¿declarar que el terrorismo no nos ha alcanzado? El principal objetivo de una actividad terrorista es precisamente, el de crear terror. Mediante el pánico de la población civil, los terroristas buscan presionar al gobierno a ceder ante su agenda política. En el caso de México, se podría decir que mediante el terror general de los mexicanos, se busca que el gobierno relaje su política de combate al narcotráfico. En este caso, las motivaciones en lugar de ser políticas, son primordialmente económicas.

Pero no son las causas, sino la forma en la que se ejecutan las medidas, lo que define al terrorismo. El terrorismo se diferencia de los movimientos guerrilleros por la naturaleza de sus blancos.

En el caso de las guerrillas, estas cuentan con una clara plataforma social o política y, de incursionar en actividades violentas, sus principales objetivos serán infraestructuras gubernamentales. Por otro lado, los terroristas también pueden contar con un plan de trabajo como las guerrillas, pero no están tan abiertos a la negociación. Su principal medida de coerción, es el ataque directo a civiles. Debido a que la principal obligación del ejército es proteger a la población civil, cualquier afrenta en contra de esta resultaría en una criminalización inmediata de los perpetradores (los narcoterroristas en este caso). Dicha criminalización hace imposible que el gobierno negocie con los responsables y su única alternativa para combatirlos será el uso de la fuerza.

Bajo esta diferenciación, ¿no podríamos catalogar las acciones de los cárteles como terroristas? Desde mi punto de vista sí, pero no a partir de las acciones de ayer en Ciudad Juárez. El narcoterrorismo apareció en México aquella noche en Morelia, en septiembre de 2008 y se ha hecho más fuerte a través de los años. ¿Qué la población no está aterrorizada? Entonces ¿por qué huye? ¿Por qué paga sobornos? ¿Por qué no denuncia? Hoy en México hay pocas personas que duden de la existencia del narcoterrorismo y por desgracia una de ellas es el procurador general.

Foto: CNN

Aunque parece difícil de creer, la Procuraduría General de la República (PGR) debe estar haciendo algo bien en lo que a luchar contra el narcotráfico se refiere. O al menos esa es la percepción en Indonesia. En una reunión entre la embajada de ese país y la PGR se discutió la cooperación con la Junta Nacional de Estupefacientes de Indonesia.

Dicha cooperación cubriría, de ser formalizada, cuatro áreas: narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo y delincuencia organizada. Aún no se definen los términos en los que se realizaría la capacitación, ni en el territorio de que país tomaría lugar ni ningún otro detalle de logística, pero se está explorando la posiblidad de crear el instrumento jurídico necesario para ampliar el intercambio de conocimiento entre ambos Estados.

Podría parecer extraño que Indonesia solicite apoyo a una institución que no ha sido tan mencionada en la guerra contra el narcotráfico como el ejército. A fin de cuentas es el ejército el que está en las calles, el que hace las redadas, el que decomisa armas y drogas y el que quema plantíos de marihuana.

Sin embargo, constitucionalmente, es la PGR la encargada de mantener el orden y la seguridad interna. Además, con las restrucutraciones en el plan de combate a la delincuencia organizada y proyecto nuevos como el de Ciudad Juárez, es probable que cada vez veamos más presencia de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la guerra contra el narcotráfico.

Foto: Diario Tribuna

Al pensar en lo más relevante del año Viviendo México, surgen cuestiones tan importantes, que es difícil elegir una sola, pero el crimen organizado, específicamente el narcotráfico, ha acaparado tantos titulares que es imposible no señalar hasta dónde se llegó en 2008.

Si pensábamos que Vicente Fox había sido un mal presidente por un millón de razones, Felipe Calderón y su mano dura contra la delincuencia nos dejó mudos. Más mudos se quedaron los miles de ejecutados en este año y la línea es tan difusa entre policías y ladrones que ya no se sabe de dónde esperar más golpes.

Ya no era sorprendente oír a diario en los noticieros que había decapitados por aquí y secuestrados por allá. El ver marchar a millones de personas contra la inseguridad no hizo más que llenarnos de desesperación porque parece que sólo se atienden los casos de violencia en personas de alto perfil. Que es muy bueno que se atiendan esos casos, como los de los militares ejecutados hace días, pero más importante es que la ciudadanía sea escuchada y actúe.

En Grecia mataron a un estudiante ¿y cómo respondió la ciudadanía? con acciones extremas. Aquí hubo un ataque terrorista en Morelia y las pocas voces fueron acalladas.

No puedo enumerar cada una de las pérdidas y amenazas que tienen al país bajo el yugo del crimen organizado, no hay manera de entender hasta dónde está infiltrado el narco, que hasta las Miss Sinaloas se ven inmiscuidas en la seducción del dinero criminal pero ya basta.

En 2009 no sólo debemos esperar que el ineficaz de García Luna haga algo, también nosotros debemos denunciar cada cosa que veamos mal, porque la percepción parece transformarse en realidad y México se percibe como una nación cada día más violenta y controlada por unos cuantos que no se conforman sólo con enriquecerse, sino también con aterrorizarnos.

Imagen: BBC Mundo