Cruz Roja se declara rebasada para atender en Ciudad Juárez

La situación de violencia en Ciudad Juárez ya ha rebasado a todas las instituciones, incluida la Cruz Roja. La organización ha declarado que no cuenta con la capacidad ni con la infraestructura para atender a tantas víctimas de la delincuencia organizada. Es tal su situación que han pedido a los ciudadanos que no lleven a los heridos por balacera dichas institución, sino que los canalicen a hospitales públicos o privados.

Arturo Rodríguez Velarde, delegado de Cruz Roja en la ciudad fronteriza, comentó que los protocolos de la organización impiden que se preste atención médica hasta que la escena del crimen sea protegida por elementos policiacos o militares. Por desgracia, en Juárez es muy difícil que este resguardo se otorgue, lo que entorpece las labores de los paramédicos. Es tal la escala de violencia, que las delegaciones de estados como Chihuahua, Sinaloa o Tamaulipas deben acatar el Manual de Acceso Seguro, usado para escenarios de conflictos armados.

La petición de Rodríguez Velarde es que los hospitales de Cruz Roja sean considerados como zonas de alto riesgo, de modo que las unidades policiacas cuiden las instalaciones de forma permanente. Además ha pedido a la población que comprenda que los cuerpos de atención médica arriesgan sus vidas al entrar en fuego cruzado, y que no agredan ni a las ambulancias ni a los paramédicos.

La situación para los servicios de salud en Ciudad Juárez es bastante grave. Recién en diciembre, cerca de 17 clínicas realizaron un paro laboral de dos días en protesta a la situación de violencia. Además, el secretario de Salud a nivel federal, José Ángel Córdova, ha reconocido que la amenaza de la guerra contra el narcotráfico ha provocado un éxodo masivo de médicos hacia ciudades más seguras.

Tampoco es la primera vez que la Cruz Roja externa su preocupación por el clima de violencia en diferentes entidades del país. En octubre del año pasado, la organización pidió a los sicarios una tregua, después de un lamentable caso en el que un comando armado ingresó a las instalaciones del organismo en Sinaloa para llevarse un cadáver por la fuerza.