SRE reconoce ante la ONU que aún existe tortura en México

En un informe entregado a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno federal reconocer que aún existe la tortura en nuestro país. Sin embargo, la pregunta que quiero hacerle al lector es si este dato nos sorprende de algún modo. En el documento, la Secretaría de Relaciones Exteriores destaca los avances que ha tenido --algunos, muy rescatables, como la Reforma de Derechos Humanos-- pero también se sincera al decir que esta problemática aún no se erradica.

No hay que irse muy lejos para ver qué tan arraigada está la práctica. Basta sólo con mirar nuestro imaginario colectivo, en donde tácticas de intimidación como el tehuacanazo (ahogar a la víctima con una botella de agua mineral) o los toques en los güevos (dar descargas eléctricas en los testículos) son ampliamente reconocidas. Y la jerga continúa, desde el célebre darle sus coscorrones del gobernador Mario Marín hacia la periodista Lydia Cacho; hasta la clásica ablandadita para que salgan las palabras con más facilidad.

La idea del gobierno es que se cree un registro nacional de quejas, a través del cual se puedan investigar estos casos, hayan sido realizados por militares o policías. Y es que las cifras de castigados por este delito son ínfimas: entre 1992 y 2006, se han condenado a 74 personas por este crimen en penales estatales; y sólo a seis en cárceles federales. Es decir, únicamente 80 individuos en 24 años.

La preocupación actual recae en el poder de los militares. Al mandarlos a la calle para controlar la situación sin una previa capacitación sobre derechos humanos, los casos de abuso de poder, violencia y tortura van en aumento. No en balde la Suprema Corte ha examinado con lupa el fuero castrense por petición del presidente Felipe Calderón, tomando la decisión de mandar a los militares a tribunales civiles en casos de violación de derechos humanos.

Si bien México sostiene que los casos bajarán cuando la policía releve al ejército en labores de seguridad --algo que no se ve próximo, por lo menos, hasta el fin del mandato de Calderón-- la realidad es que la práctica está instalada en ambos bandos. Lo que es cierto es que la situación no es nueva: tan sólo en marzo de 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que el fenómeno iba en aumento., sobre todo contra la población indígena.

Ahora, con la cola entre la patas, al gobierno no le ha quedado más que reconocer ante la ONU que la tortura ha vuelto. La solución, por supuesto, está en la educación de nuevas generaciones de uniformados. Pero, por lo pronto, hay que crear los mecanismos para corregir la situación, y la SCJN ha dado un paso importante. Esperemos que no sea demasiado tarde para actuar.

Imagen: Link TV