Francisco Javier Castellón, la voz sensata en defensa de los «terroristas» de Twitter

El senador Francisco Javier Castellón se ha distinguido por ser uno de los pocos legisladores en México que comprende el peso específico de Internet en México. Por ejemplo, su labor ha sido crucial para frenar las negociaciones de ACTA. Este día, ha presentado una propuesta de punto de acuerdo en el Senado, mediante el cual se exhorta al gobernador Javier Duarte a que retire los cargos contra Gilberto Martínez y María de Jesús Bravo, acusados de terrorismo y sabotaje por difundir rumores en Twitter.

Resulta refrescante leer la propuesta de Castellón, en la que se toma el tiempo para explicar de forma atinada el contexto y las razones de su petición --contrario, por ejemplo, al célebre "The Pirata Bay" de Pablo Escudero--. Al inicio de su petición, el Senador señala la coyuntura en la que se dieron dichos mensajes:

Los reportes de estos supuestos incidentes fueron comunicados principalmente a través de la red social Twitter. Así que diversos twitteros hicieron uso del hashtag #verfollow, a fin de mantenerse informados y conocer las ubicaciones de estos supuestos atentados. Asimismo, mediante Facebook, rápidamente fueron multiplicándose los mensajes de alerta y advertencia. Según diversas notas periodísticas, esto se magnificó debido al sobrevuelo de helicópteros de la Secretaría de Marina por la ciudad de Veracruz y por la fumarola que generaba un auto que se incendiaba.

Después de hacer un recuento de los sucesos que llevaron a la orden de aprehensión contra Martínez y Bravo, Castellón cuestiona la eficacia del gobierno veracruzano para atrapar en cuestión de días a estos usuarios, mientras que los responsables de otros crímenes más graves --como el asesinato de la periodista Yolanda Ordaz-- continúan en libertad. Líneas después, defiende a los usuarios de Twitter, en el entendido de que deseaban compartir información, no desatar el pánico:

De acuerdo a lo expuesto por los hoy procesados, los “tweets” que mandaron no tenían como fin generar zozobra, terror o temor hacia la población, sino por el contrario, alertar e informar a la población sobre hechos peligrosos que supuestamente se estaban realizando, según les informaron diversos familiares y personas cercanas. Es decir, ante la falta de información oficial, oportuna y fidedigna, la población en muchos casos no tiene más opción que acudir a estos medios sociales para enterarse y saber lo que pasa (...)

Ante la falta de información veraz y oportuna por parte de los gobiernos, los ciudadanos de diversos puntos del país han hecho uso de Internet y de los beneficios que éste instrumento brinda para mantenerse informados de los hechos delictivos y de la inseguridad que se desarrolla en sus estados y comunidades. Tal es el caso de Nayarit, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, sólo por mencionar algunos. Los ciudadanos con mayor frecuencia están acudiendo a las redes sociales para informarse y protegerse de los hechos de violencia cada vez más comunes en sus entidades.

El senador comprende que el intercambio de información es un mecanismo de la ciudadanía para protegerse de la violencia, no para generarla. Así, arremete contra los gobiernos de Veracruz, Tabasco y Nayarit por la penalización del uso de redes sociales, aclarando que sus reformas atentan contra la libertad de expresión:

Los precedentes de un abuso de poder como este no deben permitirse (...) pues ahora resulta que los twitteros de Veracruz, al reproducir rumores, han cometido un delito más grave que los incendiarios del Casino Royal en Monterrey. El proceso a estos ciudadanos es un claro precedente del autoritarismo más oscuro en el país en contra de quienes hacen uso de una herramienta libre como son las redes sociales.

Los gobernadores y Congresos de Veracruz, Tabasco y Nayarit, lamentablemente han aprobado leyes anti redes sociales e Internet, con lo que han satanizado el uso de esta importante herramienta de comunicación y acceso al conocimiento. Sigue sin quedarles claro que cualquier tipo de mecanismo que busque controlar lo que circula en la red y el uso de la misma, coarta los más elementales principios de libertad de expresión.

Castellón no sólo busca que Javier Duarte retire los cargos contra los dos usuarios acusados, sino que los gobiernos implementen un sistema de información fiable que permita corroborar rápidamente estos datos. Además, le solicitará al gobierno de Veracruz que realice una mesa de trabajo con diferentes actores sociales para "eliminar cualquier disposición que pueda atentar contra los principios de libertad de expresión, y de uso y acceso libre a Internet." Enhorabuena por la sensatez de personajes como Francisco Javier Castellón. Ahora sólo falta que el Senado ratifique su propuesta, pero es un paso muy importante para remediar esta injusticia.