Ley Federal de Cinematografía: diputados rechazan la reforma

La industria cinematográfica nacional sigue causando desconfianza entre nuestros legisladores. Abanderados de una interpretación simplista del concepto de "libre competencia", los diputados han echado abajo un proyecto de reforma a la Ley Federal de Cinematografía, obrando en detrimento a la producción de cine mexicano. La reforma legislativa contemplaba garantizar la exhibición de películas nacionales en todo el país, aumentando de 10 a 30 por ciento el número de cintas en cartelera, así como prolongando su estadía en las salas de una --lo que marca actualmente la ley-- a dos semanas.

Sin embargo, para Juan Gerardo Flores, el presidente de la telebancada en la Cámara de Diputados, esta reforma le pareció un exceso que atentaba contra el Artículo 5 de nuestra Constitución --es decir, con la "libre competencia"-- y que de ninguna manera asegura la "calidad" en los filmes a ser exhibidos. Al contrario, consideró que se trataba de una "imposición de cuotas" que limitaba, por un lado, a las casas de exhibición, y por el otro, al público mexicano, a quien consideró los únicos responsables de decir cuánto tiempo una cinta debe estar en cartelera.

En lo que el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía no parece reparar, es que la industria cinematográfica mexicana se encuentra en franca desventaja frente a las producciones norteamericanas que conforman la mayor oferta disponible en nuestro país. Lo que impide se materialice la tan cacareada "libre competencia". Hasta ahora, el apoyo a la industria se ha limitado a prácticas cuasipaternalistas como la entrega de apoyos y préstamos por parte del Fidecine, sin realmente implementar otras medidas que ayuden a la industria cinematográfica mexicana a capitalizarse y volverse más competitiva.

Para solidificar su punto, el diputado del Partido Verde Ecologista argumentó que:

Por no ser lógicas ni razonables, este tipo de disposiciones no existen en otras industrias culturales y de entretenimiento. Por ejemplo, no se impone a los canales de televisión un porcentaje mínimo de contenido nacional, ni se obliga a las casa editoriales o librerías a cumplir con dicha cuota de productos nacionales... La preferencia del público es y debe ser el único criterio para definir el tipo de películas ofrecidas y su plazo de permanencia en cartelera.

Parece haber olvidado que, de hecho, sí existen este tipo de disposiciones en otras industrias, culturales o no, y que más allá de implicar una metida de mano por "Papá Gobierno", son medidas para permitir que las empresas mexicanas tengan mayor oportunidad a la hora de competir. Tal es el caso de la Ley de Precio Único de Libros que busca, a través de la estandarización de un costo --fijado por las editoriales e importadoras, y nadie más-- permitir que la competencia cambie de terreno, de la "guerra de descuentos" a la focalización de un cierto tipo de libros, la atención personalizada u otros factores en el servicio que permiten a los libreros mexicanos generar empleos y competir contra las grandes cadenas libreras y los supermercados.

Las industria cinematográfica mexicana tiene en contra la reticencia de la industria privada para invertir en sus proyectos, así como la enorme dificultad para distribuir sus cintas, las cuales, para colmo, son exhibidas sólo por una semana. Es decir, sólo tienen un fin de semana para poder ser vistas, pues al ser colocadas en día lunes, al siguiente ya no están, impidiendo que nosotros acudamos tras leer una reseña en un blog o un periódico, pues tampoco cuentan con grandes presupuestos para ser promocionadas.

Mientras nuestros legisladores no vean en la industria cinematográfica mexicana una fuente de empleos, cultura y ganancias, difícilmente podrán legislar a su favor y seguirán beneficiando a intereses ajenos a los de nuestro país.