Prohibir las corridas de toros: la economía y la ética entran al ruedo

La iniciativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para prohibir las corridas de toros en el Distrito Federal ha levantado duras críticas de los amantes de la tauromaquia. La Asamblea Legislativa discute reformar la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la capital, declarando como ilegales este tipo de funciones a partir de enero de 2012. Los legisladores argumentan que las corridas de toros fomentan el maltrato y la crueldad contra los animales, a lo que Rafael Herrerías, empresario de la Plaza México, ha respondido con un categórico ¡sobre mi cadáver!.

La defensa de Herrerías se basa en la economía que generan la tauromaquia. De acuerdo con sus cifras, durante la Temporada Grande, la Plaza México crea hasta 1,200 empleos por función. En ese sentido, se apela al lado "humano" de la fiesta taurina: si se prohíben las corridas, los que sufren son los trabajadores y sus familias. Pero el impacto va más allá: también se verían afectadas muchas empresas que auspician este espectáculo. A bote pronto, pensemos en las ganaderas, las cerveceras, los patrocinadores, entre otros. Más que por los empleos (muy importantes, eso sí), la tauromaquia se defiende a capa y espada por el caudal de dinero que representa para sus inversionistas.

El problema pasa porque las corridas de toros son un negocio de muchos, muchos billetes. Por desgracia, es una economía sostenida en el maltrato animal, disfrazada como un arte. No niego que la tauromaquia representa una práctica con valor histórico y cultural, pero deben existir alternativas para evitar la crueldad. Por desgracia, son pocos los aficionados dispuestos a que se modifique esta tradición en pos de los derechos de los animales --deportes como la equitación o artes como la charrería demuestras que es posible la comunión--. Modificar las corridas para no matar al toro (o siquiera herirle) no parece estar en los planes de los defensores de la tauromaquia. Ante la negativa, la medida más adoptada ha sido la prohibición, con cerca de 90 ciudades en todo el mundo que rechazan las corridas.

Hasta ahora, el freno para que la prohibición se efectúe pasa por el ámbito económico. Así mismo, los legisladores saben del peso que puede tener la iniciativa privada en la decisión de la reforma. Tras dividirse las opiniones en la ALDF, se ha hecho un llamado a que los funcionarios no acepten presiones (léase, una que otra mordida) por parte de los involucrados. Y es que, hasta no conocerse a ciencia cierta cuál sería el costo de la cancelación de las corridas, diputados del PAN y el PRD han pedido que se detenga la discusión. Bien por los legisladores que han decidido tomar al toro por los cuernos, pero también habría que mirar con el mismo escrutinio a los circos ambulantes, a las peleas de perros y a los palenques. Como dicen: o todos coludos o todos rabones.