Propone PRI penalizar las descargas ilegales en internet en México, el retroceso impuesto al avance

Como siempre, en México, un grupo de políticos demuestra su poco conocimiento en cuanto al uso de internet se refiere, y vienen entonces a crear leyes sobre algo que desconocen, en esta ocasión, el PRI, con una iniciativa que busca penalizar hasta con seis años de prisión las descargas ilegales de internet, con un proyecto de reforma que fue presentado por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza y Manlio Fabio Beltrones el cual modificaría y agregaría varias disposiciones a la Ley de Propiedad Industrial, a la Ley del Derecho de Autor y al Código Penal Federal, bajo a premisa de que "en la actualidad las nuevas tecnologías causan que vía internet no se cumpla con la Ley Federal de Derechos de Autor".

El diputado en su discurso afirmó que esta reforma no pretende coartar los contenidos de la red, o la regulación de las redes sociales, sino que busca la eficacia de la Ley Federal de Derechos de Autor, y evitar que "internet" sea la "gran vía para evadir su cumplimiento".

También afirmó que esta reforma va dirigida contra sitios ilegales, a quienes se les notificará que están cometiendo una irregularidad haciéndoles una invitación a que reconsideren sus acciones antes de llegar a una sanción.

“Primero son avisos, hay desde el punto de vista administrativo y ante reincidencia, sí se prevé una sanción en el Código Penal”, afirmó.

Estas sanciones para administradores de sitios ilegales van de seis meses a seis años de prisión y una multa de hasta 3,000 días de salario mínimo.

No olvidamos cuando en 2011, el senador del PAN, Federico Döring, presentó su Ley Döring con la que buscaba que quien se sintiera afectado por el uso ilegal de su material en internet, pudiera presentar una denuncia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), esta también incluía que se hiciera una "primera notificación" de advertencia al usuario que usaba el contenido sin autorización y que en caso de reincidir se le multara con hasta 30,000 días de salario mínimo, esta propuesta fue desechada en primera instancia por el hecho de que el IMPI pudiera tener control sobre datos de usuarios que "cometieran infracciones" lo que desató el rechazo generalizado en redes sociales.

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Pero como podemos ver, esta "nueva propuesta" viene a ser prácticamente lo mismo de lo mismo, pues le daría al IMPI la facultad de obtener direcciones IP de quienes presuntamente distribuyan material no autorizado y además bloquear accesos a sus webs, es decir acceso a datos privados, es decir, violar nuestros derechos, nuevamente.

Esta Ley Sinde mexicana como Eduardo Arcos en ALT1040 la llama, no sería otra cosa más que una ley que vulnera uno de nuestros derechos fundamentales, como lo es el de la privacidad, sin atacar el problema de raíz.